Familias buscadoras denuncian simulación y exclusión de exhumaciones en Culiacán

A tres semanas del inicio de las exhumaciones en la fosa común del panteón 21 de Marzo, familias buscadoras de personas desaparecidas denunciaron exclusión, malos tratos y falta de transparencia por parte de las autoridades encargadas, principalmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno estatal.

Las familias han permanecido como observadoras desde una carpa cercana a la zona de excavación, pero se les ha restringido el acceso visual mediante una malla sombra colocada entre ellas y el área de trabajo, así como por la presencia de un canal que divide el espacio. Aseguran que, aunque promovieron estas acciones tras años de lucha, han sido marginadas del proceso.

Alma Rosa Rojo, representante del colectivo Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano desde 2009, señaló que la exclusión contradice el principio de participación que sí se aplica en otros estados. Lamentó que, a pesar de que la recuperación de cuerpos representa un avance, no se les permita presenciar ni registrar el proceso de exhumación.

Pese a que la Fiscalía General del Estado anunció la posible localización de hasta 50 cuerpos desde el pasado 8 de julio, hasta el lunes 28 solo se han confirmado cinco exhumaciones. Rosa Neris, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda, denunció que estos restos fueron extraídos en horarios en los que las familias ya no estaban presentes, lo cual calificó como una simulación por parte de las autoridades.

Las denunciantes señalan a la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa Sauceda, como responsable de mantener el control del sitio sin tener formación técnica forense, así como de limitar la comunicación entre las familias buscadoras y el personal especializado que colabora en las labores. Además, reclaman que no se les ha entregado ningún informe, listado o evidencia sobre lo encontrado.

Entre sus exigencias están recibir reportes diarios sobre los avances, permitir el ingreso rotativo de representantes familiares y sustituir al enlace institucional por una persona con mayor sensibilidad y conocimientos técnicos. También solicitaron una audiencia directa con el gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando que la conducción del proceso ha sido fallida en su dimensión humana.

Las familias buscadoras comparan la experiencia local con la de otros estados, como Morelos y Coahuila, donde las víctimas participan de forma activa en las exhumaciones. En contraste, afirman que en Sinaloa no se les ha permitido intervenir ni registrar hallazgos.

Desde el 15 de julio interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual fue aceptada, y confirmaron que presentarán una segunda denuncia por nuevas irregularidades y actos de exclusión. Reiteraron que su principal demanda es la devolución digna de los restos de sus seres queridos y el respeto a sus derechos como víctimas.