El sector empresarial mexicano alzó la voz tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), junto con sus 71 centros empresariales, condenó enérgicamente el crimen y exigió al Gobierno Federal, estatal y municipal una investigación inmediata, profesional y transparente que lleve ante la justicia a los responsables.
En un comunicado, la organización señaló que este hecho representa "una grave afrenta al Estado de Derecho y a la paz social que demandamos todos los mexicanos", además de enviar su solidaridad a la familia del edil y a los habitantes de Uruapan, quienes viven con temor ante la creciente violencia que azota a distintas regiones del país.
Coparmex recordó que garantizar la seguridad y el orden es una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano, y que su cumplimiento resulta esencial para preservar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Durante el Foro de Seguridad 2025, el general Francisco Nieto, secretario de Seguridad de Uruapan, había advertido sobre carencias en armamento, capacitación y vehículos, así como los esfuerzos del alcalde Manzo por fortalecer y depurar a la corporación policiaca.
La confederación empresarial urgió a construir una estrategia nacional de seguridad integral, con enfoque preventivo y coordinación entre los tres niveles de gobierno, que permita recuperar los espacios públicos, fortalecer las policías locales y proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
Asimismo, demandó una reunión inmediata del sector productivo con el secretario de Seguridad federal, el gobernador de Michoacán y su gabinete, para conocer qué acciones se están implementando y qué resultados esperan alcanzar ante la crisis de violencia.
En las últimas semanas, se han registrado diversos hechos violentos en Michoacán y en otras entidades, cobrando la vida de líderes sociales, empresarios y funcionarios públicos, lo que, advirtió Coparmex, "refleja la gravedad de la crisis de seguridad que vive México".
La organización reiteró su compromiso con la legalidad y el fortalecimiento institucional, subrayando que México no puede ni debe acostumbrarse a la violencia, pues la seguridad es la base del desarrollo económico, social y humano del país.