Durango presenta una tasa delictiva de 1,200 delitos por cada 100 mil habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional de 1,350, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del estado correspondientes al periodo 2023-2024. Sin embargo, esta estadística contrasta con la percepción de inseguridad que prevalece entre la ciudadanía, particularmente en colonias como la Universal, donde vecinos reportan robos constantes y desconfianza hacia las autoridades.
La violencia familiar encabeza la lista de delitos con 3,500 casos registrados, representando un aumento del 20% respecto al 2022. Le siguen el robo a transeúnte con 2,100 reportes, el robo a casa habitación con 1,650 casos, el robo de vehículos con 1,200 incidentes y el fraude con 900 denuncias. Estas cifras, aunque preocupantes, podrían ser mayores considerando el alto subregistro: según el INEGI, hasta el 95% de las extorsiones no se denuncian, principalmente por miedo a represalias y desconfianza institucional.
La percepción de inseguridad se ve agravada por un índice de impunidad que alcanza el 85% en delitos comunes y por la baja confianza en las corporaciones policiales: solo el 30% de la población confía en la policía estatal. Esta desconfianza se manifiesta en que apenas una de cada 10 a 20 víctimas de extorsión acude a las autoridades.
En contraste, los empresarios agremiados a la CANACO Durango reportan que no han experimentado problemas mayores de inseguridad en sus negocios durante el último año, aunque reconocen que sí se han presentado incidentes aislados. Esta divergencia entre la experiencia empresarial y la vivencia ciudadana refleja las diferentes realidades que coexisten en el estado.
Durango enfrenta el reto de reconciliar sus indicadores estadísticos relativamente favorables con la percepción de inseguridad que experimenta la población. Mejorar los mecanismos de denuncia, reducir la impunidad y fortalecer la confianza en las instituciones son tareas pendientes para construir una seguridad efectiva que corresponda tanto a las cifras oficiales como a la experiencia cotidiana de los duranguenses. La brecha entre lo que manifiestan las autoridades y lo que vive la ciudadanía en las calles sigue siendo el principal obstáculo para tener un diagnóstico preciso del problema de seguridad en el estado.