Destruyen más de 250 kilos de droga incautada en Durango

Durante el fin de semana, autoridades federales llevaron a cabo la incineración de más de 258 kilogramos de drogas aseguradas, en un operativo realizado en las instalaciones del Campo Militar 5 de Mayo, en el municipio de Durango. La droga, conformada principalmente por mariguana y metanfetamina, había sido decomisada en distintas acciones por cuerpos de seguridad de nivel federal.

El procedimiento de destrucción fue encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones periódicas que buscan dar salida legal a los estupefacientes asegurados. Víctor Fernando Ruiz Méndez, titular de la FGR en el estado, informó que esta operación se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente, y en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

"El cumplimiento de estas tareas es parte del compromiso institucional con la justicia y el Estado de derecho. Las sustancias que se destruyen son resultado del trabajo operativo de las fuerzas de seguridad que, tras los aseguramientos, las ponen a disposición del Ministerio Público Federal", declaró el fiscal.

El evento fue registrado bajo el nombre "Incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito, julio 2025". Además de personal militar y representantes de la FGR, asistieron funcionarios estatales como Abraham Herrera Flores, director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.

Herrera destacó que este tipo de actos públicos permiten dar certeza sobre el destino final de los narcóticos decomisados. "La destrucción de estos materiales impide que regresen a circulación y representa una medida concreta para contener su impacto en comunidades, particularmente entre jóvenes", señaló.

Las autoridades reiteraron que este proceso es parte de una estrategia de seguimiento legal y control de evidencias que busca mantener la transparencia y trazabilidad de todo lo asegurado en operativos contra el narcotráfico.

La incineración fue supervisada por personal del Ejército y representantes de instancias civiles, con la finalidad de garantizar que se cumpliera con los protocolos establecidos por la ley.