Detienen a defensora pública por presunto cohecho en Durango
Corrupción

Detienen a defensora pública por presunto cohecho en Durango

Por: Luis Carlos Bruciaga
Durango
Fecha: 07-12-2025

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango informó sobre la detención de Yareli Michelle "N", quien se desempeñaba como Defensora Pública adscrita al Poder Judicial, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de cohecho.


De acuerdo con la autoridad, la detención fue realizada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción en el momento en que la servidora pública fue sorprendida en flagrancia, recibiendo la cantidad de 7 mil pesos por parte de una persona afectada. El dinero presuntamente había sido solicitado a cambio de realizar un trámite de libertad de un interno que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social número 1.


La Fiscalía precisó que el servicio de Defensoría Pública es completamente gratuito, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Durango, el cual señala que este servicio debe prestarse bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo y calidad, sin costo alguno para los ciudadanos. No obstante, la ahora detenida habría solicitado una cantidad económica por un trámite que forma parte de sus funciones y por el que ya recibe una remuneración oficial.


El delito de cohecho está contemplado en el artículo 338 del Código Penal, el cual establece que incurre en dicha conducta el servidor público que solicite o reciba dinero, dádivas o acepte promesas para realizar u omitir algún acto relacionado con sus funciones.


Tras su detención, Yareli Michelle "N" fue puesta a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho, mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.


La Fiscalía recordó que, en apego al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente, por lo que la detenida será tratada como tal durante todas las etapas del proceso.


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