Ante el flujo mensual de aproximadamente 370 duranguenses repatriados desde Estados Unidos, el gobierno estatal puso en marcha en enero de 2025 un Protocolo para Migrantes Deportados que ofrece atención integral desde su llegada. Este modelo, coordinado entre instancias estatales, municipales y federales, proporciona albergue temporal, alimentación, asesoría legal, gestión documental (CURP, actas de nacimiento, credenciales) y vinculación laboral a los connacionales que regresan forzosamente al estado.
La estrategia, implementada mediante una Comisión Especial vinculada a la Secretaría de Gobernación, ya ha demostrado resultados concretos: entre febrero y abril de 2025, al menos dos migrantes originarios de Durango recibieron apoyo completo que incluyó hospedaje, acceso a educación para sus hijos y oportunidades de empleo formal. El sistema opera a través de la coordinación interinstitucional que involucra a dependencias como Salud, DIF Estatal y Protección Civil, garantizando una red de apoyo multisectorial.
"Estamos brindando acompañamiento desde el momento de la recepción hasta su reintegración productiva a la sociedad", explicó un funcionario estatal. El protocolo incluye además microcréditos y capacitación laboral adaptada a las habilidades de los repatriados, muchos de ellos con amplia experiencia en sectores agrícolas y de construcción adquirida en EE.UU.
Aunque el sistema representa un avance significativo, autoridades reconocen desafíos pendientes: consolidar los mecanismos de operación, asegurar recursos presupuestales permanentes y ampliar la cobertura a los 39 municipios. Actualmente, los servicios se concentran principalmente en la capital del estado y ciudades con mayor flujo migratorio como Gómez Palacio.
Este esfuerzo institucional busca transformar el drama de la deportación en oportunidades de desarrollo local, evitando que los connacionales caigan en círculos de vulnerabilidad. Sin embargo, organizaciones civiles destacan la necesidad de complementar estas acciones con políticas preventivas que reduzcan la necesidad de migrar, mediante la generación de empleos bien remunerados y condiciones de vida dignas en las comunidades de origen.
El modelo duranguense se perfila como referente en atención a migrantes, demostrando que con voluntad política y trabajo coordinado es posible convertir los retos migratorios en oportunidades de desarrollo regional. El próximo paso será institucionalizar estos mecanismos mediante una iniciativa de ley que garantice derechos básicos y apoyos permanentes para este sector vulnerable de la población.