Entre apoyos y complicaciones: el verdadero impacto de “La Escuela es Nuestra”

El programa federal La Escuela es Nuestra continúa operando en Durango como uno de los principales mecanismos de financiamiento directo para planteles públicos, sobre todo en zonas rurales y de alta marginación. Aunque las entregas de recursos han permitido atender necesidades básicas desde techos y sanitarios hasta rehabilitación eléctrica, también persisten dudas sobre la suficiencia de los montos y los procesos de ejecución que recaen en padres de familia y comités escolares.

De acuerdo con información oficial disponible, este año se han distribuido entre 200 mil y 600 mil pesos por plantel, dependiendo del nivel de marginación y el tamaño de cada comunidad. Aunque estas cifras representan un alivio para escuelas con rezagos históricos, directivos y comités han señalado que muchas obras requieren inversiones mayores, especialmente en escuelas que arrastran daños estructurales o carecen de servicios básicos como agua, drenaje o electricidad estable.

Además, algunos planteles han enfrentado complicaciones durante la aplicación del programa: retrasos en depósitos, falta de mano de obra en comunidades alejadas, costos elevados de materiales y dudas sobre cómo rendir cuentas sin conocimientos administrativos. En ciertos casos, las escuelas deben detener obras por falta de presupuesto, lo que prolonga los problemas que buscaban resolver.

A pesar de ello, el programa se mantiene como una de las pocas fuentes directas de recurso para infraestructura escolar en el estado. Sin embargo, sin una estrategia integral de seguimiento y sin montos acordes a las necesidades reales, el impacto podría quedarse corto frente al diagnóstico de deterioro que persiste en decenas de planteles.