Exsubsecretario de Egresos condenado a prisión por desviar recursos públicos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango ha logrado una significativa sentencia condenatoria en contra de un exfuncionario de alto nivel, marcando un precedente en la rendición de cuentas. José Alberto Bustamante Curiel, quien se desempeñó como Subsecretario de Egresos durante la administración estatal del periodo 2016-2022, fue condenado a ocho años de prisión, al pago de 2 millones 700 mil pesos por concepto de reparación del daño y al desembolso de una multa de 51 mil 621 pesos. Esta decisión judicial sella su responsabilidad penal por la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, demostrando la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar actos de corrupción al interior del gobierno.

La condena fue emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento correspondiente, luego de que en una audiencia de juicio oral la Representación Social Especializada, es decir, los fiscales anticorrupción, presentaran un caso sólido y convincente. Para acreditar la culpabilidad del acusado, se fundamentó la acusación con un conjunto robusto de evidencias que incluyó testimonios clave, numerosas pruebas documentales y dictámenes periciales especializados. Este cuerpo probatorio logró demostrar, más allá de toda duda razonable, la veracidad de los hechos imputados al exservidor público, dejando al descubierto el mecanismo ilegal que utilizó.

La forma en que se cometió el delito fue a través de una orden directa y personal emitida por Bustamante Curiel. El día 30 de diciembre de 2021, siendo aún Subsecretario de Egresos, utilizó un oficio para instruir a una institución financiera que dispusiera en efectivo la cantidad de 2 millones 700 mil pesos de una de las cuentas de Gobierno del Estado. La instrucción específica fue que este monto, una suma considerable en billetes, fuera transportado y entregado directamente en las instalaciones de su propia subsecretaría. El exfuncionario intentó justificar la operación argumentando que el dinero sería utilizado para el pago de nómina estatal, una justificación que la investigación posterior y la normatividad aplicable desmintieron de manera categórica, ya que la ley establece que los pagos de nómina deben realizarse mediante cheque o transferencia directa a los trabajadores, nunca en efectivo.

El momento preciso de la comisión del ilícito fue el 30 de diciembre de 2021, en los últimos días de ese año. La investigación exhaustiva de la Fiscalía Anticorrupción logró demostrar que el recurso nunca se destinó a ningún pago o gasto gubernamental legítimo, confirmando que fue distraído de su fin oficial. Con esta sentencia, se acredita el ejercicio indebido de las atribuciones de un funcionario que, en lugar de custodiar los recursos financieros del Estado como era su obligación, causó un daño directo al patrimonio estatal. El caso, que se desarrolló en las oficinas de la Subsecretaría de Egresos en Durango, sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y institucional para preservar los recursos públicos.