El activista de la comunidad LGBTQ+, Tadeo Campagne, señaló que, a pesar de la posibilidad de acceder a un cambio de género mediante un amparo, la falta de una reglamentación adecuada limita la efectividad de esta herramienta legal para garantizar los derechos plenos de las personas trans. Aseguró que la falta de normativas claras impide que quienes optan por esta opción puedan ejercer sus derechos de manera integral.
Campagne explicó que uno de los principales obstáculos es la falta de recursos económicos, lo que impide que muchas personas de la comunidad trans accedan a un amparo. Además, la necesidad de viajar a otros estados o incluso a otros países para llevar a cabo el proceso de cambio de identidad es una barrera significativa. Este problema afecta principalmente a las personas que no cuentan con los medios para afrontar los gastos derivados de este proceso legal y administrativo.
Según datos del activista, alrededor de 1,500 personas en la región desean realizar su cambio de género, pero enfrentan dificultades económicas que les impiden acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo este derecho. Campagne enfatizó que la situación refleja una falta de empatía y compromiso por parte de regidores y diputados, quienes aún no han aprobado leyes que garanticen el acceso pleno de la comunidad LGBTQ+ a derechos fundamentales como el cambio de identidad de género.
El activista subrayó la necesidad urgente de que las autoridades locales y federales avancen en la creación de leyes que permitan a las personas trans realizar su cambio de identidad de manera accesible, sin depender de costosos trámites judiciales. Señaló que la falta de regulación no solo afecta la identidad de género de las personas trans, sino que también refuerza la discriminación y las desigualdades estructurales que enfrenta este grupo social en el ámbito laboral, educativo y de salud.
Campagne concluyó haciendo un llamado a la acción a las autoridades y a la sociedad en general para avanzar en la inclusión plena de la comunidad LGBTQ+, promoviendo políticas públicas que favorezcan la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
