Fin de semana cargado de marchas y procesos legales

Un fin de semana cargado de emociones confrontadas, protestas callejeras y decisiones judiciales ha marcado el desarrollo del caso del hurto de un bebé en Durango, un suceso que ha conmocionado a la sociedad y dividido a la comunidad entre la búsqueda de justicia para la menor y la defensa de los derechos de las detenidas. Mientras las autoridades judiciales decretaban la prisión preventiva para dos mujeres acusadas de secuestro, sus familiares y simpatizantes tomaban las calles para exigir su liberación y clamar por una investigación transparente, pintando un cuadro complejo donde el drama humano se desarrolla en las audiencias a puerta cerrada y en el asfalto del centro histórico.

La tensión se desató el sábado 25 de octubre, cuando un grupo de familiares y amigos de Anabel, una de las presuntas implicadas, se congregaron en la Plaza de Armas para iniciar una marcha hacia el Hospital Materno Infantil. Estos manifestantes, portando pancartas y fotografías de la mujer, a quien consideran víctima de una desaparición, recorrieron las principales avenidas del centro al grito de consignas que pedían justicia y claridad sobre su paradero. Quienes participaron en esta movilización aseguraban desconocer el destino de Anabel y exigían a las autoridades una localización inmediata.

La forma en que se desarrollaron los hechos fue vertiginosa. Mientras los manifestantes permanecían frente al hospital en espera de una respuesta, la Fiscalía anunció ese mismo sábado por la tarde la detención de Anabel y otra mujer, siendo recluidas de inmediato en el Cereso Número 1. Al día siguiente, domingo 26 de octubre, se llevó a cabo una audiencia privada donde un juez determinó la formulación de imputación por el delito de secuestro y decretó la prisión preventiva oficiosa para ambas acusadas, lo que significa que permanecerán encarceladas mientras se define su situación jurídica.

El desenlace judicial no calmó los ánimos. Ese mismo domingo por la noche, familiares de Anabel acudieron al Hospital General 450, donde extraoficialmente se supo que la detenida se encontraba bajo revisión médica, sin que se les proporcionara información oficial sobre su estado de salud. La frustración culminó la mañana del lunes, cuando los mismos familiares se manifestaron frente al cabildo municipal, bloqueando durante un par de horas la intersección de la avenida 20 de Noviembre y la calle Victoria. Exigieron hablar con el alcalde y la liberación de su familiar, pero tras ser atendidos por una representante del ayuntamiento, se retiraron sin haber conseguido una solución.

El lugar donde se ha centrado esta crisis es en el corazón de Durango: la Plaza de Armas, el Hospital Materno Infantil, el Cereso Número 1 y las inmediaciones del cabildo municipal. Este caso, que inició con la desaparición de un bebé, ha derivado en un complejo entramado legal y social que mantiene a la ciudad en vilo, enfrentando el dolor de una familia contra la desesperación de otra, y dejando más preguntas que respuestas sobre la verdad de los hechos y la aplicación de la justicia.