El fiscal especializado en combate a la corrupción de Durango, Noel Díaz Rodríguez, participó en la más reciente sesión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, donde expuso la necesidad de avanzar en reformas estructurales para fortalecer el combate a la impunidad en el país. Durante su intervención, Díaz Rodríguez planteó tres temas prioritarios: la homologación de los tipos penales relacionados con hechos de corrupción mediante una Ley General; el fortalecimiento de la autonomía de las fiscalías especializadas; y la necesidad de ampliar sus facultades en materia de investigación financiera y extinción de dominio. El encuentro fue presidido por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y contó con la participación de representantes de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), quienes respaldaron la urgencia de revisar el marco legal vigente. Coincidieron en que las fiscalías enfrentan limitaciones normativas y operativas que obstaculizan una persecución efectiva de los delitos de corrupción. Mejía Berdeja subrayó que el trabajo legislativo debe ir acompañado de un sistema sancionador funcional. "De nada sirve contar con herramientas de transparencia si no existe un brazo punitivo que dé seguimiento real a los delitos que afectan a la sociedad y deterioran la confianza en las instituciones", afirmó. Los fiscales asistentes coincidieron en que la falta de una legislación nacional que defina de forma uniforme los delitos de corrupción ha generado vacíos legales y disparidades entre estados. También señalaron que, sin autonomía plena ni capacidades técnicas en investigación patrimonial, las fiscalías anticorrupción quedan en desventaja frente a redes delictivas complejas. La CONAFA ha promovido desde hace varios años la construcción de un andamiaje jurídico que les permita actuar con independencia, con mejores herramientas legales y con coordinación interinstitucional efectiva. Se espera que los planteamientos recogidos durante esta sesión sean considerados en próximos trabajos legislativos orientados a una reforma integral del sistema anticorrupción en México.