Institutos electorales garantizando paridad de genero en elecciones
En el marco del proceso electoral de 2025 en Durango, la paridad de género ha sido uno de los temas centrales en la discusión pública y en la implementación de políticas por parte de las autoridades electorales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han impulsado mecanismos para asegurar que mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad en la contienda por cargos públicos. Esta elección contempló la designación de más de 400 cargos municipales, incluidos puestos dentro del Poder Judicial, como magistraturas y jueces, lo que representa un avance en la inclusión de mujeres en espacios tradicionalmente dominados por varones.
Durante las elecciones de 2022, de los 39 ayuntamientos de la entidad, 17 fueron encabezados por mujeres, y de las 327 regidurías, 168 fueron ocupadas por representantes del sector femenino. Estos datos reflejan una tendencia hacia una mayor representación de mujeres en cargos de decisión. Sin embargo, la meta de lograr una paridad sustantiva sigue enfrentando retos importantes. La legislación local contempla la igualdad como un principio rector, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Durango obliga a los partidos políticos a cumplir con criterios de paridad en el registro de candidaturas. Pese a ello, la implementación real de estas normas continúa siendo un área de atención.
El presidente del IEPC, Roberto Herrera, ha señalado que aunque el porcentaje de participación femenina ha aumentado, aún existen municipios donde las candidaturas de mujeres son relegadas o se asignan a distritos menos competitivos. Además, en el transcurso de la jornada electoral de 2025 se documentaron incidentes de violencia política de género. Algunos de estos casos incluyeron intimidación y agresiones directas contra mujeres candidatas, lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y garantizar condiciones de equidad durante todo el proceso electoral.
El contexto político en Durango refleja que, aunque se han alcanzado avances normativos y estadísticos en materia de paridad de género, subsisten prácticas discriminatorias que obstaculizan la participación plena de las mujeres. Los prejuicios sobre la capacidad de las mujeres para ejercer funciones públicas siguen presentes, lo que limita su acceso y permanencia en los cargos. Ante esta realidad, el llamado de las instituciones es claro: continuar trabajando en la vigilancia, denuncia y sanción de actos que vulneren los derechos políticos de las mujeres, y fortalecer la educación cívica para consolidar una democracia más inclusiva.
