Con el objetivo de ordenar y regular el mercado inmobiliario, así como proteger a compradores y arrendatarios, el diputado Alejandro Mojica Narváez presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para crear la Ley que Regula los Servicios Inmobiliarios en Durango.
El legislador explicó que la propuesta busca garantizar certeza jurídica en todas las transacciones vinculadas con la compraventa y renta de inmuebles. "La vivienda no es un lujo; es un derecho fundamental que hoy se ha vuelto un desafío cada vez más grande para nuestros habitantes", sostuvo el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN al presentar la iniciativa.
De acuerdo con Mojica, la ausencia de un marco normativo específico en materia inmobiliaria ha generado situaciones de riesgo para quienes buscan adquirir o rentar una vivienda. Entre los problemas más comunes, mencionó la falta de contratos claros, operaciones realizadas por intermediarios sin acreditación y posibles fraudes en la venta de terrenos o viviendas.
La nueva ley, dijo, contempla la regulación de agentes, corredores y empresas inmobiliarias, estableciendo requisitos de registro, capacitación y certificación para garantizar profesionalismo en la prestación de servicios. Además, se prevé la creación de un padrón estatal que permita a los ciudadanos verificar la legalidad de quienes participan en estas operaciones.
El diputado subrayó que contar con una regulación clara favorecerá tanto a los usuarios como a las empresas serias del sector, ya que contribuirá a generar confianza y estabilidad en un mercado que tiene un impacto directo en el desarrollo urbano y en la economía familiar.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. Mojica Narváez adelantó que buscará el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local, con el fin de que Durango cuente por primera vez con una ley específica en materia inmobiliaria.
De aprobarse, la norma colocaría al estado en un escenario más seguro y transparente para quienes buscan acceder a una vivienda, ya sea mediante la compra o el arrendamiento, reduciendo la posibilidad de abusos o prácticas irregulares.