El acoso callejero continúa sin sanción penal en el estado de Durango, pese a que desde la legislatura pasada se presentó una iniciativa para tipificarlo como delito. La propuesta contempla penas de dos a seis años de prisión y multas económicas, pero no ha avanzado en el Congreso local.
La diputada Sughey Torres, promotora de la iniciativa, urgió a retomar el tema. Señaló que se trata de una conducta que ocurre a diario en espacios públicos y que vulnera la integridad y seguridad de las mujeres.
Durante 2023 se registraron entre 80 y 100 denuncias por acoso callejero en el estado, y en lo que va de este año se han documentado al menos seis casos. La cifra, advirtió Torres, podría ser mucho mayor, ya que muchas víctimas optan por no denunciar por miedo, desconfianza o falta de respaldo institucional.
"Es una situación real que afecta la vida cotidiana de muchas mujeres. No se puede seguir ignorando. El mensaje que se manda al no legislar es que el acoso queda impune", declaró la legisladora.
El proyecto legislativo plantea sanciones específicas para quien hostigue, intimide o agreda verbal o físicamente a una persona en la vía pública con connotación sexual. Además, busca establecer mecanismos de atención inmediata para las víctimas y campañas de prevención.
Colectivos feministas y organizaciones civiles han exigido desde hace años una respuesta clara del Congreso ante esta problemática. Hasta el momento, la propuesta permanece detenida en comisiones.
Torres insistió en que no se trata de un tema menor ni de una simple falta administrativa. "Es una agresión que deja consecuencias psicológicas y limita la libertad de las mujeres para moverse en su entorno con seguridad", sostuvo.
El llamado es a los legisladores a discutir y dictaminar la iniciativa. Mientras tanto, el acoso en las calles de Durango sigue ocurriendo sin castigo.