El Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) ha registrado 38 avisos de impugnación relacionados con los comicios para ayuntamientos celebrados el pasado 1 de junio, según informó el organismo con corte al 10 de junio. Estas controversias electorales afectan a 23 de los 39 municipios de la entidad, destacando Nazas, Nombre de Dios y Santiago Papasquiaro con cuatro impugnaciones cada uno, seguidos por Lerdo y Poanas con tres casos respectivamente.
El TEED, máximo órgano en materia de justicia electoral local, iniciará en los próximos días el proceso formal de recepción de expedientes correspondientes a estos recursos. Una vez integrada la documentación completa, los casos serán turnados a las distintas ponencias de magistrados para su análisis y resolución definitiva, la cual deberá emitirse antes del 13 de agosto, conforme al calendario establecido en la legislación electoral duranguense.
Entre los municipios con impugnaciones se encuentran cabeceras importantes como Durango capital (2 recursos), Gómez Palacio (1) y Lerdo (3), así como localidades más pequeñas como San Pedro del Gallo (1) y Otáez (1). El tribunal no ha especificado la naturaleza de los conflictos electorales, pero estos suelen incluir denuncias por irregularidades en el proceso, conteo de votos o posibles violaciones a la ley durante la jornada comicial.
El organismo reafirmó su compromiso con la transparencia y la justicia electoral, garantizando que cada caso será analizado con estricto apego a derecho. Este volumen de impugnaciones representa un incremento significativo respecto a procesos electorales anteriores, reflejando la competitividad de los comicios municipales en la entidad.
Mientras el TEED prepara el proceso de revisión, los ayuntamientos afectados permanecen en un estado de incertidumbre jurídica. Las resoluciones que emitan los magistrados en las próximas semanas podrían confirmar los resultados iniciales, ordenar recuentos parciales o, en casos extremos, anular elecciones en algunos distritos. La sociedad duranguense espera que este proceso contribuya a fortalecer la credibilidad en las instituciones electorales y a garantizar que los cargos públicos sean ocupados por quienes realmente obtuvieron el respaldo mayoritario de los ciudadanos.