Fuerzas estadounidenses cometen ejecuciones extrajudiciales según Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) señaló que los ataques militares de Estados Unidos contra dos embarcaciones presuntamente usadas por narcotraficantes, que dejaron al menos 14 muertos, constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales y violan el derecho internacional de los derechos humanos

El 2 de septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses atacaron una lancha rápida proveniente de Venezuela, presuntamente operada por el grupo Tren de Aragua.

Según informes oficiales, murieron 11 personas.

El 15 de septiembre, otro ataque similar contra una embarcación venezolana dejó tres muertos.

HRW no pudo verificar la ubicación exacta ni el número preciso de personas a bordo, pero confirmó que no se hicieron intentos de intercepción ni arresto antes de usar fuerza letal

Violaciones legales

Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de HRW, advirtió: "Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas. Esto no constituye un conflicto armado".

Los ataques no contaron con alternativas no letales y, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el uso de fuerza letal solo es permitido cuando es estrictamente necesario para proteger vidas.

La ONU también calificó los incidentes como ejecuciones extrajudiciales.

Contexto de supervisión militar debilitada

HRW recordó que la administración Trump debilitó los mecanismos de supervisión interna del ejército.

En febrero de 2025, se removieron altos oficiales del cuerpo jurídico militar encargados de revisar la legalidad de operaciones, y el secretario de Defensa redujo la revisión legal de ataques aéreos y operaciones especiales.

Esto amplió el margen de acción para el uso de fuerza letal sin controles multilaterales, aumentando el riesgo de violaciones legales de acuerdo a la HRW

Llamado a la acción

Human Rights Watch instó al ejército estadounidense a cancelar futuros ataques ilegales y garantizar que todas las operaciones cumplan con el derecho internacional.

Además, pidió al Congreso una investigación inmediata y transparente sobre la justificación legal, la cadena de mando y los criterios utilizados para autorizar los ataques.

Según HRW, otros gobiernos también deberían condenar públicamente estas acciones para proteger los estándares internacionales de derechos humanos