El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, la imposición de un arancel del 50% a las importaciones de cobre, bajo la ley de seguridad nacional, Sección 232.
El objetivo es "llevar la producción de cobre de vuelta a Estados Unidos", en un momento en que el cobre es considerado un insumo esencial para la fabricación de vehículos eléctricos, infraestructura energética y equipo militar.
La reacción en los mercados no se hizo esperar:
Reacción internacional
Los principales proveedores como Chile, Canadá y México han expresado objeciones, argumentando que sus exportaciones no representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y que, por lo tanto, no deberían ser gravadas.
Por otro lado, Japón y Corea del Sur buscan mitigar el impacto antes del plazo fijado del 1 de agosto.
La medida forma parte de una serie de nuevos gravámenes que completarían el paquete de la llamada "Guerra Comercial 2.0 de Trump":
Aranceles escalonados (25% 40 %) dirigidos a diversas industrias han sido anunciados en cartas a 14 países, con efecto desde el 1 de agosto de 2025.
Trump también anticipó futuros aranceles del 200?% para productos farmacéuticos, con plazos para que las empresas adapten su producción a EE.UU.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, indicó que la investigación sobre el cobre se ha dado por concluida y que la implementación podría ocurrir a finales de julio o a partir del 1 de agosto.
Posibles consecuencias
Para EE.UU.: Se espera que la medida proteja a los productores locales, impulse inversiones en explotación y procesamiento del cobre, y reduzca la dependencia de importaciones. No obstante, eleva costos para industrias de alta demanda como la automotriz, electrónica y energética.
Para socios comerciales: Además del impacto directo en exportaciones, podría desatar represalias e incrementar la tensión en cadenas productivas globales.
En los mercados: Aunque los precios del cobre se han disparado, se anticipa una corrección más adelante si las empresas ajustan inventarios o cambian fuentes de suministro.
El 1 de agosto de 2025 se mantiene como fecha límite para el inicio del cobro de este y otros aranceles, sin posibilidad de más prórrogas.
En los próximos días se enviarán cartas similares a la Unión Europea, advirtiendo sobre nuevos gravámenes si no se concretan acuerdos.
Se esperan en las próximas semanas mayores detalles regulatorios sobre el alcance geográfico, excepciones y mecanismos de aplicación.