El Congreso del Estado aprobó por mayoría la solicitud de deuda de largo plazo del Gobierno de Sonora por hasta mil 500 millones de pesos, destinada a la ejecución de obras en el ejercicio fiscal 2025.
Durante la sesión ordinaria de este martes, tras más de tres horas de discusión, las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Solidario, Nueva Alianza Sonora y Partido del Trabajo respaldaron la propuesta del crédito.
En contraste, los diputados de Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática votaron en contra, sumando un total de seis votos en oposición en un Congreso compuesto por 33 integrantes.
El diputado Emeterio Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una reserva para eliminar la solicitud de deuda y someterla primero a discusión en un parlamento abierto con la participación de los 72 ayuntamientos, propuesta que no fue aprobada.
De manera similar, el legislador Juan Pablo Arenivar, de Acción Nacional, propuso modificar el dictamen para que los 72 ayuntamientos del estado fueran beneficiados con al menos una obra financiada con el crédito, argumentando que todos contribuirán al pago de la deuda a través de los impuestos. Sin embargo, esta propuesta también fue rechazada.
"Creo que podemos modificar el documento para que los 72 ayuntamientos se vean beneficiados con alguna obra, ya que son todos los que pagarán esta deuda pública, y no solo 52, como plantea el documento original", expresó Arenivar.
Finalmente, la propuesta de crédito obtuvo 27 votos a favor, principalmente de los diputados de Morena y sus aliados.
¿Qué es una deuda de largo plazo?
Una deuda de largo plazo es un compromiso financiero que el gobierno adquiere para ser pagado en un periodo extendido, generalmente mayor a un año y que puede llegar a décadas. Este tipo de financiamiento suele destinarse a proyectos de inversión como obras de infraestructura, que tienen beneficios a largo plazo. Sin embargo, implica intereses acumulados y compromete parte del presupuesto futuro, lo que puede afectar las finanzas públicas si no se gestiona adecuadamente.