Este martes 7 de mayo se llevó a cabo la audiencia de individualización de penas y sanciones, en la cual el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Rosalva N., exdirectora general del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur, una sentencia de tres años de prisión, diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de más de 1.7 millones de pesos como reparación del daño.
La exfuncionaria fue declarada culpable por los delitos de peculado y actuación bajo conflicto de interés, cometidos durante su gestión en la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis.
La Fiscalía Anticorrupción del estado logró acreditar que la exfuncionaria cometió faltas graves previstas en los artículos 53 y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, al tramitar, autorizar y cobrar una autoliquidación por un monto de 1 millón 781 mil 212 pesos con 73 centavos, sin dejar el cargo y sin informar al Consejo Directivo del Instituto, del cual formaba parte.
Cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la pena máxima de 8 años de prisión sin embargo, esta resolución se convierte en un precedente dentro de los procesos impulsados por la Fiscalía Anticorrupción en el combate a los delitos cometidos por servidores públicos.