Adiós al ITAI¿Quién vigilará al poder ahora?

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) de Baja California Sur dejará de operar a partir de enero de 2026. Con su salida, el estado entra a una etapa sin órgano garante autónomo, ahora la vigilancia del poder quedará en manos de la misma autoridad que será observada.

El Gobierno estatal sostiene que,el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública seguirán garantizados.

La desaparición del ITAI deriva de la reforma federal publicada el 20 de diciembre de 2024, que ordenó extinguir los órganos garantes en el país. En julio de 2025 la XVII Legislatura armonizó la normativa local y, el 21 de noviembre, aprobó la creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo, una instancia que operará bajo la Contraloría General del Estado.

Para la presidenta del ITAI, Rebeca Buenrostro, la transición implica un cambio de modelo que elimina la autonomía del órgano revisor.

"Ahora ya no se van a llamar órganos garantes, ahora son autoridades garantes, pero procedimentalmente es lo mismo. La diferencia es que si antes había un órgano autónomo que llevaba los recursos de revisión y resolvía, ahora será la misma autoridad la que va a resolver", señaló.

Entre 2016 y 2025, las solicitudes de información crecieron 38.8% en Baja California Sur, al pasar de 3 mil 309 a 4 mil 594 requerimientos, de acuerdo con datos del propio ITAI. La demanda ciudadana aumentó, y con ella, la importancia de un ente que asegurara la entrega de datos y la publicación ordenada de la información pública.

Periodistas recuerdan que gracias a la transparencia se han podido documentar hechos que el gobierno negó inicialmente, como el caso de un funcionario cercano al Ejecutivo estatal que aparecía sancionado e inhabilitado en el padrón de la Secretaría de la Función Pública. La solicitud de información permitió obtener la copia oficial del registro, pese a que la administración aseguraba que no existía ninguna falta.

"A través de solicitudes de información pudimos obtener una copia y el padrón donde se encontraba sancionado. Eso reafirmó que no debía estar trabajando en esta administración", explicó el periodista de investigación Diego Soto.

El ITAI también fue clave para obligar a las dependencias a cumplir con sus obligaciones de transparencia y ordenar expedientes que durante años permanecieron ocultos. Uno de los casos más complejos fue el del Programa PRODER, relacionado con el manejo de recursos hídricos y que derivó en una observación federal por más de 22 millones de pesos.

Para documentarlo se pidieron, vía transparencia, transferencias bancarias, expedientes administrativos, comprobantes, oficios de Conagua y de la Función Pública. Las dependencias se negaron sistemáticamente a entregar la información, hasta que la intervención del ITAI las obligó a liberarla.

"Nosotros acudimos al Instituto de Transparencia y éste demandó a Conagua y a la Función Pública. Gracias a esa intervención obligaron a entregar la documentación completa", relató Antonio Cervantes, corresponsal de Semanario Z y director de El Forjador.

Con la extinción del ITAI, periodistas y especialistas advierten que la transparencia institucional podría debilitarse, aun cuando la exigencia de rendición de cuentas de la sociedad seguirá vigente. La discusión hoy se centra en un punto clave para la vida pública de Baja California Sur ¿Quién vigilará al vigilante cuando ya no exista un órgano autónomo encargado de hacerlo?