Caso de regidora exhibe deficiencias legales para sancionar apología del delito

 La séptima regidora del Ayuntamiento de La Paz, María del Carmen Aguilar, generó controversia en redes sociales tras aparecer en un acto público portando una camiseta con un diseño que hace referencia al videojuego Super Mario Bros, pero con la imagen del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en alusión a su detención en 1993.

El hecho fue calificado por especialistas como un posible caso de apología del delito. Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito en Baja California Sur, explicó que, si bien la acción encuadra en la definición de apología conforme al Código Penal estatal, la deficiencia en la redacción del artículo 176 impide aplicar una sanción penal efectiva. "Se hizo una apología del delito, sí debiera ser sancionada, pero conforme a las leyes penales sudcalifornianas, no se puede sancionar a esta mujer, porque no incitó a nadie a cometer un delito. Sin embargo, se violó un principio fundamental", declaró el abogado.

El artículo 176 del Código Penal del estado establece una pena de seis meses a tres años de prisión y una multa de diez a cincuenta días de salario a quien haga públicamente elogio de un delito, de una persona condenada o de algún vicio. No obstante, la norma no ha sido suficiente para aplicar una consecuencia concreta en este caso.

Rubio Ruiz consideró que sí podría haber consecuencias administrativas, en caso de que un ciudadano interponga una denuncia ante la Contraloría Interna o ante un tribunal administrativo. "Debiera ser un procedimiento administrativo. Cabe la posibilidad de que algún ciudadano denuncie en la vía administrativa", explicó.

Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, defendió a la funcionaria al señalar que el uso de la camiseta probablemente no tuvo una intención maliciosa. Sin embargo, admitió que debe tomarse como una lección para cuidar la imagen pública de los representantes del gobierno. "Muy seguramente no fue con intención... Dentro de lo malo, hay que sacar lo bueno: hay que tener más cuidado", afirmó Quiroga.

Aunque el acto no tendrá repercusiones penales, el caso ha abierto el debate sobre los vacíos legales en Baja California Sur en materia de apología del delito, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la ética en el servicio público. La polémica también subraya la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos en cuanto a los mensajes intencionales o no que proyectan a la ciudadanía.