Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito en Baja California Sur, advirtió sobre las graves consecuencias que traerá la reforma para eliminar la autonomía de los organismos ciudadanos en México, una medida que representa un retroceso histórico en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Recordó que entre sus atribuciones principales está la vigilancia de la actividad gubernamental y la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. Sin embargo, con esta reforma se planteó eliminar esa independencia, lo que en la práctica convertiría al propio gobierno en su juez y vigilante.
Rubio Ruiz subrayó que esta reforma no sólo impacta a nivel federal, sino que también tendría repercusiones en los estados. En Baja California Sur, por ejemplo, organismos ciudadanos han sido clave para visibilizar casos de abuso, opacidad y omisiones en materia de justicia, medio ambiente y derechos humanos.
"Nos impide darle credibilidad a lo que ellos hagan, pues durante los 30 40, 50 años que tenemos en México, luchando por la transparencia, perderíamos este equipo de colaboradores de la ciudadanía de la supervisión y la vigilancia".