El fuero constitucional para servidores públicos en Baja California Sur seguirá vigente, al menos por ahora. La iniciativa que buscaba eliminar este privilegio quedó fuera del orden del día en el Congreso local, generando dudas sobre si se trató de un simple error administrativo o de o o de una estrategia política.
Actualmente, 252 funcionarios en el estado mantienen el fuero, considerado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como un privilegio que puede facilitar la impunidad. La diputada Guadalupe Vázquez presentó la propuesta para eliminarlo, argumentando que se ha convertido en un refugio para quienes cometen irregularidades.
Sin embargo, el periodo ordinario del Congreso concluyó sin que se incluyera el dictamen correspondiente. Esto provocó posiciones encontradas entre las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo (PT).
"El punto es que ni Oficialía Mayor ni la Mesa Directiva recibió el documento con las firmas, nunca estuvo en el orden del día porque no cumplía con el trámite parlamentario, que son al menos 4 de 6 firmas", explicó la diputada Arlene Moreno Maciel.
Por su parte, la legisladora promotora de la iniciativa lamentó la omisión y afirmó que incluso en dos sesiones extraordinarias pidió abordar el tema sin éxito.
"Lamento lo que se presentó. Incluso hubo dos sesiones extraordinarias ese mismo día; de igual manera pedí a la Mesa Directiva que se incluyera en la sesión extraordinaria y también se hizo caso omiso. Desconozco cuál haya sido la intención", señaló Guadalupe Vázquez.
Otros legisladores también fijaron postura ante el tema.
"Es un tema que se tiene que seguir analizando. El fuero nació con un espíritu y ese espíritu se debe mantener para darle voz a las minorías, pero también se debe cuidar que no se caiga en los excesos", opinó Fabrizio del Castillo Miranda.
"Yo estoy en contra del fuero para los baquetones sinvergüenzas que cometen delito y se escudan en eso", criticó el diputado Venustiano Pérez.
A nivel nacional, 17 estados ya han eliminado el fuero constitucional, y 13 de ellos no contemplan la protección para ningún servidor público.
El Congreso de Baja California Sur cerró así su periodo ordinario dejando en la congeladora una de las iniciativas más polémicas en materia de combate a la impunidad, en medio de acusaciones y desacuerdos entre las principales fuerzas políticas.