Crisis de seguridad en Mulegé
La crisis de seguridad en el municipio de Mulegé ha desatado una ola de protestas por parte de madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas, quienes denuncian la ineficiencia de las autoridades para atender estos casos. En los últimos dos meses, al menos cuatro desapariciones han sido reportadas en la región, agravando la preocupación de la comunidad.
Según la Comisión Estatal de Búsqueda, Baja California Sur ya registra cerca de 800 víctimas de desaparición, de las cuales 61 corresponden a Mulegé.
Los delitos en Mulegé también han ido en aumento. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, los crímenes denunciados pasaron de mil 158 en 2023 a mil 195 en 2024, lo que representa un incremento del 3.19%. Entre los principales delitos reportados de enero a noviembre de 2024 destacan la violencia familiar con 127 casos, el narcomenudeo con 44 casos, las lesiones dolosas con 127 casos y el robo a casa habitación con 68 casos.
El procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, aseguró que se han reforzado los límites de Baja California Sur debido a la llegada de grupos criminales desde San Quintín, lo que ha derivado en un incremento de desapariciones y cobros de piso.
"Las investigaciones están muy avanzadas, como la que dimos a conocer ayer. Mañana continuará la audiencia inicial para la vinculación a proceso del presunto responsable del homicidio de dos agentes de Policía Estatal, quien también está siendo imputado por delitos relacionados con la desaparición de personas", declaró De la Rosa Anaya.
Por su parte, la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, sostuvo que su administración trabaja en coordinación con diversas dependencias para reforzar la seguridad.
"Atendí a los familiares en una manifestación pacífica. Escuché sus preocupaciones y estamos colaborando con la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para atender estos casos", afirmó.
A pesar de estas declaraciones, los afectados sostienen que las medidas son insuficientes y que los procedimientos para abrir investigaciones son burocráticos y complicados, ya que deben trasladarse hasta La Paz para dar seguimiento a sus casos.
Mientras tanto, las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas, denunciando que la violencia y la impunidad continúan en aumento en Mulegé.
