El exalcalde de La Paz, Rubén "N", y los exregidores Juan Ramón "N" y Pilar Eduardo "N", fueron vinculados a proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en coautoría, según lo previsto en el artículo 270, fracción VII, del Código Penal de Baja California Sur.
La decisión fue tomada este lunes por la jueza de Control, Esmeralda Bethsabet León Bustamante, quien encontró elementos suficientes para presumir la responsabilidad de los exfuncionarios en la aprobación del polémico desarrollo inmobiliario "Misión Punta Norte".
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del Estado, el caso se originó a partir de dos denuncias formales: la primera presentada el 19 de julio de 2021 por el abogado Arturo Rubio Ruiz, del Frente por la Defensa del Agua y la Vida; y la segunda, el 9 de enero de 2023, por el síndico municipal Rogelio Martínez Mayoral. Ambos denunciaron que el cambio de uso de suelo aprobado en la sesión de Cabildo del 25 de marzo de 2021 violaba lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PDUCP) 2018.
Durante esa sesión se autorizó el desarrollo de 4 mil 613 lotes en una zona destinada originalmente a protección ecológica, lo que generó múltiples cuestionamientos legales y sociales por el impacto ambiental y urbano del proyecto.
"Como datos o hechos de la vinculación a proceso se estableció la autorización de Cabildo del 25 de marzo de 2021, donde se aprobó el proyecto Misión Punta Norte que consideraba el establecimiento de 4 mil 613 lotes", declaró Lenin Ortiz Amao, titular de la Fiscalía Anticorrupción.
Aunque el caso ha avanzado en tribunales, Ortiz Amao reconoció que las penas actuales son limitadas y llamó a una reforma legal que permita sancionar con mayor severidad a quienes cometan este tipo de actos desde el servicio público.
"Esto es una tarea pendiente que se tiene para establecer mayores penas, que sean realmente ejemplares para que los servidores públicos y la ciudadanía tomen conciencia de la importancia del servicio público y del efectivo cuidado que debe tenerse en su desempeño", expresó.
Como parte de las medidas cautelares, los imputados deberán firmar cada mes ante Servicios Previos a Juicio. La investigación complementaria deberá concluir el 2 de enero de 2026 y la audiencia intermedia está programada, a más tardar, para el 23 de ese mismo mes.
Por ahora, el proceso se mantiene sub judice y, según fuentes oficiales, se ha notificado a las partes. "Confiamos en la justicia", concluyeron representantes legales de los involucrados.