Integrantes del Primer Parlamento de las Mujeres en Baja California Sur denunciaron el incumplimiento de los decretos que obligan al Congreso del Estado a realizar anualmente este ejercicio de participación ciudadana. Señalan que la omisión representa un retroceso en los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos de las mujeres.
El Parlamento de las Mujeres se llevó a cabo por primera vez en 2022 con el objetivo de crear un espacio de participación política y expresión para impulsar acciones con perspectiva de género. Sin embargo, este año no se realizó, por lo que sus precursoras acusan falta de compromiso institucional y desinterés por visibilizar y atender la violencia de género en la entidad.
Este parlamento se desarrolla en el marco del mes de la no violencia contra las mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre.
"Pedimos respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres conforme a la Constitución Federal, la Constitución del Estado y los tratados internacionales firmados por México. Exigimos mecanismos de supervisión que garanticen que cada año se cumpla el mandato legal sin excepciones y un pronunciamiento del Congreso ante esta omisión tan grave", expresaron las participantes.
Cada edición contempla la elección de 21 legisladoras por un día, seleccionadas entre mujeres mayores de edad residentes del estado, con trayectoria académica, profesional o social.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Arlene Moreno Maciel, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que el parlamento no se llevó a cabo debido a la falta de recursos:
"No va a haber parlamento, porque no hay presupuesto", declaró.
Sin embargo, exparlamentarias calificaron esta situación como una omisión grave, especialmente en un contexto donde Baja California Sur se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en delitos contra las mujeres, como violencia familiar, abuso sexual y feminicidio.
Recordaron además que este año sí se realizaron otros parlamentos sectoriales, como el juvenil, el inclusivo y el de diversidad sexual. Por ello, cuestionaron la conducción de la Comisión de Igualdad de Género.
"Para eso le pagan, para gestionar y garantizar la participación de las mujeres. Hacen y deshacen leyes sin consultar. Hay hartazgo y coraje. Si no está cumpliendo, debe dejar la presidencia de la Comisión de Igualdad o comprometerse realmente", señalaron.
Las participantes advirtieron que la omisión vulnera derechos fundamentales como el acceso a la participación política y la igualdad sustantiva, establecidos en los artículos 1°, 4° y 35 de la Constitución federal, así como los artículos 4°, 7° y 22 de la Constitución estatal.
También acusaron violación al principio de legalidad, pues el Congreso estaría incumpliendo con decretos vigentes que obligan a la realización del Parlamento, lo que podría constituir una falta administrativa.
Asimismo, señalaron que esta omisión constituye violencia política en razón de género, conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al impedir un espacio de participación institucional para las mujeres.
Manifestantes exigen la Instalación inmediata del Parlamento conforme a los decretos vigentes, publicación del calendario anual y convocatoria transparente, garantía del presupuesto asignado, respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, mecanismos de supervisión para asegurar su realización anual y pronunciamiento del Congreso del Estado ante esta omisión grave.