El ex alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs, fue vinculado a proceso por el delito de *abuso de autoridad por simulación*, relacionado con un desfalco al erario de aproximadamente 14 millones de pesos.
Así lo determinó un juez de control, tras considerar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California Sur (BCS) presentó pruebas suficientes para involucrarlo en la presunta irregularidad.
El caso comenzó con una denuncia presentada en diciembre de 2023 ante la Auditoría Superior del Estado, y más tarde se presentó una segunda denuncia en octubre de 2024 ante la Contraloría Municipal de Los Cabos.
De acuerdo con el Fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, esta denuncia se originó a partir de una denuncia de la propia administración municipal del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, lo que permitió dar inicio a las investigaciones.
La *simulación* de la que se acusa a Leggs y a otros ex funcionarios implica la contratación de un intermediario para servicios que, según las pruebas documentales, no fueron realmente realizados.
El Fiscal Ortiz Amao calificó esta práctica como una "fiesta de irregularidades", destacando la cantidad de anomalías detectadas en el uso de recursos públicos.
Entre ellas, el pago de la factura sin que el expediente estuviera completo y el hecho de que el crédito no fuera registrado ante la Secretaría de Finanzas.
De acuerdo con el artículo 276 del Código Penal de BCS, la simulación de un contrato de servicios por parte de un servidor público es un delito que se castiga con prisión de tres a ocho años y la reparación del daño.
El ex alcalde Oscar Leggs, junto con otros dos ex funcionarios municipales, José Martín "N" (ex tesorero) y César Gerónimo "N" (ex director jurídico), fue vinculado a proceso en una audiencia que finalmente se celebró el 18 de enero, tras varios retrasos en las audiencias iniciales.
Ortiz Amao señaló que además de los tres ex funcionarios ya vinculados, hay otras dos personas relacionadas con el caso que siguen bajo investigación, pero cuentan con fuero debido a sus cargos públicos actuales, lo que añade complejidad a las indagatorias.
El ex alcalde Leggs tendrá seis meses para presentar pruebas de descargo que demuestren su inocencia, y deberá cumplir con medidas cautelares, como firmar cada 15 días y no salir del país, mientras continúa el proceso judicial.