La alcaldesa Milena Paola Quiroga Romero calificó como lamentable el presunto fraude inmobiliario que persiste en torno al desarrollo Punta Norte, al continuar la venta de terrenos que no cuentan con autorización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente.
De acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento de La Paz, el proyecto sigue ofertando predios bajo la promesa de desarrollos habitacionales o comerciales que no están permitidos legalmente. Esta situación ha llevado al municipio a interponer denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que se investiguen las irregularidades del caso.
"El fraude radica en vender promesas de construir algo que legalmente no se podrá realizar", subrayó la alcaldesa, quien hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique la legalidad de los predios antes de adquirirlos.
En ese sentido, recomendó utilizar el Visor Urbano, una herramienta digital oficial que permite consultar el uso de suelo autorizado y la clave catastral de cualquier lote en el municipio. Subrayó que si un terreno no aparece en la plataforma, lo más prudente es no comprarlo.
"Hicimos las denuncias a las instancias correspondientes, a la Procuraduría, y esperamos que eso también camine porque es muy lamentable cómo se ha venido haciendo el fraude. Se venden promesas de poder hacer algo que no van a poder hacer. Invitamos a la ciudadanía a que se informe muy bien. Está el Visor Urbano, es una red amplia que nos costó mucho trabajo. Si le venden un predio y no está en el Visor Urbano, mejor no hay que comprar. Entren al Visor Urbano y comprueben que el predio tenga clave catastral, para que esté todo legal", expresó la presidenta municipal.
El caso ha despertado preocupación por el posible impacto negativo que estas operaciones ilegales tendrían en la planeación urbana y por el riesgo de que más personas sean víctimas de un engaño al invertir en desarrollos sin sustento legal.
Las autoridades reiteraron que seguirán dando seguimiento al caso, en coordinación con las instancias estatales, con el objetivo de frenar la comercialización de terrenos irregulares y proteger el patrimonio de las familias paceñas.