Piden reformar ley de hidrocarburos tras detención de pescadores

Luego de la detención de pescadores ribereños acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur de presunto "huachicol" por transportar 640 litros de gasolina, el diputado local Venustiano Pérez solicitó una reforma urgente a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

El legislador pidió al Congreso de la Unión reformar y adicionar los artículos 9 y 22 de dicha ley, con el objetivo de que se reconozcan excepciones para productores pesqueros, agrícolas y ganaderos que transportan combustible de forma legal para realizar sus actividades en zonas rurales. "Son incongruencias. La ley no está hecha para este tipo de casos. Nuestra propuesta es precisa: que la ley se siga aplicando, pero con salvedades, cuando el origen del combustible sea lícito y comprobable", declaró Pérez.

La legislación actual sanciona con prisión y fuertes multas a quienes compren, reciban o transporten hidrocarburos sin autorización, sin considerar contextos donde no existen gasolineras o infraestructura suficiente. Por ejemplo, transportar entre 300 y 1,000 litros de gasolina puede implicar de 6 a 10 años de cárcel y multas que superan los 10 mil salarios mínimos.

Cipriano Lara, pescador ribereño, compartió que esta práctica es común y necesaria en comunidades aisladas como San Juan de la Costa: "Llevamos más de 50 años trasladando combustible en bidones. Son 85 kilómetros de pura terracería y sierra mala. No hay otra forma de hacerlo", relató.

La propuesta legislativa busca diferenciar entre el tráfico ilegal de hidrocarburos y el uso legítimo de combustibles en actividades esenciales para la subsistencia de comunidades remotas. Además, pretende que cooperativas con permisos y bajo ciertos requisitos queden exentas de sanción.

El diputado Venustiano Pérez exhortó a los legisladores federales a mantener el tema en la agenda nacional y avanzar en una legislación que reconozca las particularidades del territorio sudcaliforniano. La reforma busca frenar los abusos legales que criminalizan el trabajo honesto y garantizar condiciones más justas para quienes sostienen la economía rural en Baja California Sur.