Regularizar invasiones vulnera seguridad jurídica: experto

De acuerdo con datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Baja California Sur existen actualmente 1,494 viviendas adquiridas mediante crédito que se encuentran en estado de abandono, vandalizadas o invadidas.

De estas, 13 no cuentan con servicios básicos, 244 han sido vandalizadas, 637 están invadidas y otras 600 permanecen deshabitadas. Desde 2019, el Infonavit ha otorgado más de 26,000 créditos, con una derrama económica de aproximadamente 9,300 millones de pesos para el acceso a vivienda en la entidad.

Ante este panorama, la institución federal impulsa un esquema para ofrecer a los actuales ocupantes de estas viviendas la posibilidad de convertirse en propietarios mediante contratos de renta con opción a compra, evitando desalojos y dándoles entre cinco años o más para regularizar su situación.

El programa busca beneficiar principalmente a jefas de familia, personas con discapacidad y jóvenes. Sin embargo, Edoardo Gurgo, abogado litigante con experiencia en regularización inmobiliaria, advirtió que esta estrategia representa un serio riesgo legal y social, pues podría incentivar la ocupación ilegal de casas. "Estamos apoyando una actividad ilícita, que es la invasión de vivienda, para después obtener una casa a precios económicos. Lo veo como una desigualdad social", señaló el especialista.

Gurgo subrayó que el Código Penal Federal establece en su artículo 395 penas de 3 a 5 años de prisión y multas de 50 a 500 mil pesos para quien ocupe un inmueble ajeno de manera violenta o furtiva. "Al final de cuentas, el Infonavit otorga un crédito para que un derechohabiente sea propietario de su vivienda y cumpla con la obligación de pagarla. Si se legitima una ocupación, se rompe con ese principio", puntualizó. El abogado insistió en que, si bien recuperar viviendas abandonadas es urgente para aprovechar infraestructura y recursos públicos, es indispensable garantizar el respeto de los procesos legales para evitar que la invasión se convierta en una práctica normalizada que atente contra la seguridad jurídica.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, titular nacional del Infonavit, afirmó que la instrucción es dialogar con quienes ocupan las casas de forma irregular y encontrarles una solución para evitar desalojos forzosos. "La idea es que no haya desalojos, sino hablar con cada uno de los ocupantes y buscarles una solución para regularizar su situación", explicó. El reto, coinciden especialistas, será lograr un equilibrio entre la recuperación de viviendas abandonadas y la preservación del estado de derecho en la tenencia de la propiedad.