Miles de migrantes, sin derecho a fianza en Estados Unidos

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para detener una nueva medida que prohíbe a los migrantes detenidos solicitar libertad bajo fianza mientras esperan sus procesos legales.

Esta política, promovida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), podría dejar a miles de inmigrantes encarcelados por meses o incluso años sin la posibilidad de salir bajo fianza.

Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló que la Constitución de Estados Unidos garantiza a todas las personas dentro de su territorio la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso.

"La administración Trump busca reescribir esta protección constitucional al negar a millones de inmigrantes el derecho a solicitar libertad bajo fianza, sin justificación", afirmó en un comunicado.

La demanda busca representar a todos los afectados por esta política de ICE en el país, así como a quienes se les han negado audiencias para fianza en la Corte de Inmigración de Adelanto, California. Los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz, junto con la ACLU y otras organizaciones como el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP), encabezan la defensa legal.

En Puerto Rico, donde han sido detenidas más de 800 personas migrantes, la directora ejecutiva de la ACLU local, Annette Martínez, indicó que esta política ya ha provocado la negativa de libertad bajo fianza a varios detenidos. Esto ha generado preocupación entre activistas y familiares de inmigrantes que enfrentan largas estadías en centros de detención sin opciones de salir.

Los defensores de derechos humanos insisten en que todos los individuos presentes en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, cuentan con derechos constitucionales que deben respetarse. La Cláusula del Debido Proceso se aplica a todos, incluidos los migrantes sin documentos regulares, por lo que esta medida de ICE representa una violación a sus garantías básicas.

De continuar esta política, expertos alertan que podría aumentar significativamente la población carcelaria de inmigrantes, quienes permanecerían detenidos durante largos períodos mientras esperan la resolución de sus casos migratorios, sin posibilidad de salir bajo fianza y con afectaciones en su bienestar y derechos humanos.

La demanda de la ACLU busca que un juez ordene la suspensión inmediata de esta medida para evitar que se sigan violando los derechos de los migrantes. Mientras tanto, activistas y organizaciones de defensa legal mantienen una vigilancia constante para garantizar que las autoridades respeten el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas en Estados Unidos.