El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza implementar un pago obligatorio de cien mil dólares como requisito para acceder a los visados H-1B destinados a profesionales cualificados
La información fue difundida este viernes por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a través de la red social X, citando un reporte de la agencia Bloomberg.
Según el artículo, la medida se justifica en la necesidad de limitar el uso excesivo del programa H-1B, que permitiría garantizar que los empleos especializados estén disponibles también para trabajadores estadounidenses.
Fuentes del Gobierno, que solicitaron anonimato, indican que la propuesta formaría parte de una proclamación que Trump podría firmar este mismo viernes
Qué es el visado H-1B
El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empresas estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros con habilidades especializadas. E
n años recientes, se ha utilizado especialmente en el sector tecnológico, beneficiando a empresas lideradas por figuras como Elon Musk.
Revisión salarial y control del programa
Además del pago obligatorio, Trump habría instruido a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, a revisar los niveles salariales dentro del programa H-1B.
El objetivo sería evitar que la contratación de trabajadores extranjeros afecte negativamente los salarios de empleados estadounidenses en ocupaciones similares.
La propuesta, de concretarse, representaría un cambio significativo en la política migratoria laboral de EE.UU., al introducir un filtro económico adicional para acceder al visado.
Analistas indican que podría reducir el número de profesionales extranjeros que ingresan al país bajo este esquema, a la vez que aumentaría los ingresos por visados para el Gobierno estadounidense
Próximos pasos
Se espera que en los próximos días la Casa Blanca formalice la proclamación y publique los detalles de la implementación del pago, así como de cualquier ajuste en los salarios mínimos asociados al programa H-1B.
La medida ha generado ya debates en el sector empresarial y tecnológico, que podrían presentar objeciones o solicitar revisiones al Congreso.