La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé a conocer los presuntos vínculos entre el alcalde del municipio de Teuchitlán, en Jalisco, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El llamado se produce luego de que el edil, José Ascensión Murguía Santiago, fuera detenido este fin de semana por supuestos lazos con el crimen organizado.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue clara al señalar que corresponde a la FGR detallar la relación del alcalde con organizaciones criminales. "La fiscalía tiene que informar cuáles son los vínculos o los presuntos vínculos con uno de los carteles", indicó la mandataria.
De acuerdo con información difundida en medios locales, Murguía Santiago estaría siendo investigado por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada y desaparición de personas. También se le relaciona con el Rancho Izaguirre, señalado por autoridades federales como un espacio utilizado por el CJNG.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó recientemente que dicho rancho, ubicado en Teuchitlán, a una hora de Guadalajara, sí fue utilizado como campo de adiestramiento por el cártel. Sin embargo, negó que existan pruebas de que el sitio funcionara como crematorio, como habían denunciado algunos colectivos.
El caso generó especial atención desde el pasado 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco alertó sobre un presunto "campo de exterminio" tras hallar 400 pares de zapatos en el lugar. A pesar de estos hallazgos, el Gobierno federal sostiene que el rancho tenía fines de entrenamiento criminal.
Testimonios recabados por autoridades apuntan a que el alcalde no solo conocía la existencia del rancho, sino que presuntamente participaba en actividades ilícitas e incluso recibía sobornos por parte del CJNG. Ante esta situación, Sheinbaum insistió en que será la fiscalía quien debe aportar pruebas claras sobre las acusaciones.
Este caso se suma a la creciente presión para que el Gobierno federal atienda la crisis de desapariciones en el país. En México hay más de 120 mil personas no localizadas desde que comenzó el registro oficial en la década de 1960, lo que ha llevado a diversos colectivos y organizaciones a exigir justicia y verdad.