Trump no logra frenar orden que protege a migrantes

Un juez federal de Estados Unidos rechazó este martes la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra quince jueces federales de Maryland, quienes habían impuesto una restricción temporal que impidió a la Administración de Donald Trump continuar con deportaciones durante al menos 48 horas

Thomas Cullen, magistrado designado por el propio Trump durante su primer mandato, sostuvo que el tribunal carece de autoridad para anular dicha orden cautelar, que busca proteger los derechos legales de los extranjeros detenidos en ese estado.

La orden judicial obliga al secretario de inmigración a emitir automáticamente una suspensión provisional contra la deportación o cualquier procedimiento legal contra la situación migratoria de una persona detenida, para garantizar una revisión adecuada y respetuosa de sus derechos.

Este mecanismo se apoya principalmente en el principio de habeas corpus, un derecho fundamental que permite a cualquier detenido solicitar que un juez evalúe si su detención es legal o no.

El magistrado Cullen dejó claro que, si la Administración desea levantar esta restricción, debería hacerlo por vías legales distintas a atacar directamente a los jueces que emitieron la orden

Enfatizó que los magistrados gozan de inmunidad frente a este tipo de demandas y criticó el intento del Ejecutivo por desacreditar a quienes fallan en contra de sus políticas, describiendo esa estrategia como inédita y lamentable.

Según el juez, esta campaña gubernamental contra la judicatura supone un peligro para la independencia judicial y el respeto al estado de derecho.

En el momento en que la demanda fue presentada, la fiscal general Pam Bondi expresó que la orden judicial merma la autoridad del presidente y denunció que la Administración Trump enfrenta una cantidad considerable de desafíos legales por sus medidas migratorias.

Estas disputas ocurrieron en el Tribunal Federal de Maryland, que se ha destacado por emitir fallos contrarios a las políticas de inmigración del gobierno, como en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García.

Ábrego fue deportado por error a El Salvador, y el mismo tribunal le otorgó una garantía similar de al menos 48 horas para revisar su situación tras ser detenido nuevamente pocos días después de su liberación