Violencia en la minería: mueren mineros en un ataque

La minería ilegal en Colombia volvió a teñirse de sangre esta semana

Al menos cinco mineros fueron asesinados en el caserío El Jardín, ubicado en el municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Tres de las víctimas han sido identificadas preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano.

La agresión también dejó maquinaria destruida y provocó el desplazamiento de trabajadores y residentes de la zona

El ataque y sus autores

Según Indepaz, hombres armados presuntamente vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN) irrumpieron en la mina y dispararon de manera indiscriminada.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo humanitario constante en la región, con desplazamientos forzados, amenazas y control social ejercido por grupos armados.

Hizo un llamado al Gobierno colombiano para intervenir de manera inmediata y proteger a la población.

Minerales y violencia: la lucha por el control

San Pablo forma parte de un corredor estratégico para la extracción de oro, donde además del ELN opera el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La disputa por el control de estas minas ha convertido a la región en un foco de violencia sistemática, afectando la seguridad y los medios de vida de la comunidad local.

Esta masacre se suma a las preocupantes cifras de violencia en Colombia. Según Indepaz, esta es la número 68 del año, reflejando cómo los conflictos locales se entrelazan con intereses ilegales y fortalecen la criminalidad organizada.

La minería, que podría ser un motor de desarrollo económico, se ha transformado en un terreno de riesgo vital para quienes dependen de ella

La tragedia en El Jardín resalta la vulnerabilidad de los mineros y la necesidad urgente de políticas que garanticen seguridad, justicia y alternativas económicas sostenibles.

Sin medidas efectivas, estas comunidades seguirán atrapadas entre la pobreza, la explotación y la violencia, con consecuencias que afectan no solo a las familias locales, sino también al desarrollo regional.