Beer House: A un dos años del incendio que enlutó a SLRC

Era la 1:20 de la madrugada José Luis "N." es expulsado del bar Beer House Cantina tras acosar a mujeres.

Minutos después regresa con gasolina y lanza una bomba molotov en la entrada del bar, hora aproximada, 1:33 del 22 de julio de 2023.

Derivado de esa desafortunada decisión el fuego se extiende rápidamente, aunque llegan los bomberos se encuentran con la imposibilidad del mismo inmueble para dejar salir a quienes se asfixiaba dentro. 

El saldo 13 muertos, la mayoría atrapados sin posibilidad de salir, entre ellos una madre de familia que dejó en orfandad a tres hijos, un muy conocido y querido vendedor de flores y músicos de la banda que amenizaba esa noche.

¿Dónde quedó el caso?

Justo 12 horas después los mismos funcionarios municipales liderados por el presidente municipal en turno Santos González Yéscas, aceptaron la falta de supervisión y actualización de permisos y supervisión por parte de Protección Civil y Desarrollo Urbano, lo que llevó a la conclusión que el establecimiento operaba de manera irregular.

"Tenemos de conocimientos que en el año 20 y 21 se mantuvo cerrado este negocio sin embargo en el 22 lo encontramos funcionando fue citado la dependencia para darle seguimiento a su trámite y lo realiza de la manera correspondiente sin embargo a la fecha en este año 2023 el negocio se encontraba funcionando de manera irregular".

Una hora después el fiscal del Estado Gustavo Rómulo Salas Chávez, dio una rueda de prensa, punto y aparte de las declaraciones del Ayuntamiento donde informa que hay un detenido, es decir, José Luis ?N?, ni uno más y a la fecha, a pesar de las aceptaciones de los funcionarios y las aparentes faltas administrativas, sigue siendo uno el culpable de los hechos.

El caso no ha dado carpetazo, las investigaciones continúan, pero la Unidad de Transparencia del 29 Ayuntamiento declaró la información sobre el caso restringida y reservada y los funcionarios continuaron con sus cargos siendo citados por la Fiscalía General de Justicia del Estado, para las investigaciones correspondientes.

El grito de justicia no ha callado, organizaciones civiles, familias de víctimas y ciudadanos han señalado una falta de justicia integral, pues consideran que el caso ha sido tratado de forma parcial, dejando impune la posible negligencia institucional.

"La gran mayoría de la comunidad sanluisina perdimos a un amigo o a un conocido"... "¿Cuál es la elección que aprendimos?"... "Como rescatistas, prepararnos en espacios confinados"... "Que el ciudadano común, aprenda a pedir"... "Que exista una puerta de salida"

Desde la tragedia, el gobierno estatal anunció una revisión a los protocolos de seguridad en bares y centros nocturnos, pero la ciudadanía reclama acciones más concretas y sanciones ejemplares para los responsables.