De acuerdo a la dirección de Ordenamiento Territorial local, durante el pasado periodo de gestión y el actual, de 10 a 15 centros de rehabilitación se han acercado para regularizar su situación, contar con los permisos de las autoridades es de suma importancia para que se les deje laborar y seguir prestando el servicio.
En octubre de 2024, tras el ataque por parte de un comando armado que ingresó a la fuerza en un anexo al sur e la ciudad, que dejó como saldo 4 personas sin vida, lesionados y varios desaparecidos, las autoridades locales y estatales, reforzaron las medidas para los encargados de estos establecimientos.
Se dijo que al momento del ataque, en Salamanca, laboran entre 40 y 45 anexos, cada uno podía albergar hasta 50 personas, sin embargo, las ubicaciones exactas se desconocían, pues son establecimientos que constantemente están cambiando de domicilio, una situación que las autoridades también habrían solicitado atender para redoblar su seguridad y para tenerlos ubicados.
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) calcula que hay 3 mil anexos en todo el país, y solo 400 en regla. Los representantes de estos espacios han urgido a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a establecer una política pública para atender a personas con problemas de consumo de sustancias, ya que al menos en Guanajuato a través de su organización se atiende a 17 mil personas, han asegurado que están dispuestos a regularizarse para seguir operando bajo la NOM-028-SSA2-2009, estipulada para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.