A pesar de los esfuerzos legislativos y políticas públicas para combatir el acoso escolar en México, los casos de bullying han aumentado de forma preocupante. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, los reportes por acoso escolar se incrementaron un 205% entre 2019 y 2024.
La mayoría de los casos se concentran en el nivel secundaria (45%), seguido de primaria (27%) y educación superior (17%). Además, datos de 2022 indican que cerca de 3.3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años fueron víctimas de bullying en un solo año.
Frente a este panorama, México cuenta con diversas leyes para combatir el problema. La Ley General de Educación establece el derecho a un ambiente escolar libre de violencia y obliga a las instituciones a contar con protocolos de actuación. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe explícitamente el maltrato y promueve entornos seguros.
Además, algunos Códigos Penales Estatales ya tipifican el bullying como delito, y en la capital del país, la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar establece mecanismos de prevención y atención en escuelas.
Sin embargo, especialistas coinciden en que la legislación no ha sido suficiente. La falta de aplicación efectiva, la escasa capacitación docente y la ausencia de seguimiento psicológico a las víctimas son parte de los retos más urgentes.
