Transporte público a dos velocidades; el reto de mover personas

Hace un par de años la Comisión Económica para América Latina (Cepal) alertó sobre la falta de avances en los sistemas de transporte público y concesionado en las grandes ciudades y la conclusión es que los gobiernos siguen debiendo a las personas un transporte digno y eficiente.

Las ciudades mexicanas enfrentan una prolongada crisis de movilidad, con servicios públicos de transporte deficientes, caros y que no están a la altura de las necesidades de movilidad de la población.

En junio de 2023, la Cepal publicó el estudio: "América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: avances y propuestas de aceleración", en el que destaca que dos de cada cinco personas en las grandes ciudades no tienen acceso a transporte digno y de calidad.

El estudio revela que en la región no hay condiciones ni información suficiente que permita hacer una proyección de si se lograrán las metas de desarrollo sostenible 2030, de que las ciudades cuenten con sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.

Octavio Flores Hidalgo, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), dijo que en general, los "servicios son malos; lo estamos viendo con los mototaxis en algunos puntos de la República; que se van adaptando a las necesidades y que se van quedando para siempre; el hecho de estar usando transporte público suburbano de camionetas, que son la solución del siglo pasado".

De acuerdo con especialistas en movilidad y transporte, las ciudades mexicanas han fallado en tener políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y han evolucionado conforme a su ritmo de crecimiento.

Ésta situación ha dejado de lado la discusión entre autoridades y quienes diseñan los sistemas de transporte, con las personas que son las que diariamente deben movilizarse.

Césia Escobar, politóloga y analista de políticas públicas, dijo que "por un lado lo que nos dicen los datos y lo que vivimos las personas usuarias de transporte y por el otro lado lo que identifican las autoridades, personas que no son usuarias del transporte público, pero que también forman parte de la conversación de cómo nos movemos y cómo transitamos la ciudad".

Según la Cepal, las personas destinan en promedio 71 minutos de su vida para moverse en transporte público; en México, el promedio es de dos horas diarias, con variaciones dependiendo del tamaño de las ciudades o zonas metropolitanas.

Sin embargo, la última Encuesta Origen-Destino levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para conocer las condiciones de traslado de las personas se hizo en 2017 y sólo fue para la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que esos datos ya quedaron rebasados por la nueva realidad del país y los gobiernos locales no cuentan con estudios en esta materia.

Calidad vs. Tarifas

Cada día millones de personas se mueven en transporte masivo para ir al trabajo, a la escuela o simplemente para moverse, aunque los sistemas públicos y privados no cumplen con las necesidades de movilidad por la falta inversión, infraestructura urbana adecuada y sobre todo, falta de unidades para cubrir la demanda.

Según Césia Escobar, politóloga y analista de políticas públicas, "las necesidades que tenemos nosotras como usuarias y usuarios del transporte, son integrales, en términos de que el transporte cruza diferentes problemáticas, desde los tiempos de espera, hasta los tiempos de traslado, hasta las condiciones en que nos transportamos y hasta dónde nos transportamos"

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del INEGI, en mayo de 2025 250.3 millones de personas se desplazaron a través de los sistemas de transporte urbano en las principales ciudades y zonas metropolitanas del país; un aumento de 1.7 por ciento respecto a mayo de 2024 y de 10 por ciento respecto a la cantidad de pasajeros movilizados en enero de este mismo año, que fue de 228.3 millones.

La Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, el transporte movió a 179.4 millones de personas, mientras en las zonas metropolitanas de Guadalajara y León, la cantidad de pasaje fue de 28.9 y 16.4 millones respectivamente en mayo de 2025.

Sin embargo, a decir de especialistas, el reto de los gobiernos de las grandes ciudades y metrópolis es trabajar de manera coordinada para garantizar un servicio de calidad a un precio justo, considerando que el gasto promedio en transporte es de 40 por ciento del ingreso de las familias y cuando en las mismas urbes compite el transporte que ofrece el estado, con aquel que es concesionado a particulares.

"En el enfrentamiento de lo que puede ofrecer el estado que tiene ciertas limitaciones económicas y de atención contra la oferta y demanda que nos genera estas concesiones o estas nuevas plataformas, que de alguna manera han rebasado la capacidad de los mismos concesionarios", Octavio Flores Hidalgo, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), quien ha realizado investigaciones sobre desarrollo y movilidad urbana.

En tanto, para Cesia Escobar, lo menos relevante es quién brinda el servicio, lo que la sociedad espera es llegar a su destino.

"En términos profundos, quién lo hace, cómo lo hace a mi como usuaria qué, yo quiero el servicio, yo quiero moverme a través de la ciudad, porque tengo que cumplir con responsabilidades".

Y en términos tarifarios, no hay un estándar en el país que establezca costos mínimos o máximos estandarizados, de tal forma que mientras en Ciudad de México camión subsidiado puede tener una tarifa de cuatro pesos, en ciudades como Mexicali, Baja California, el pasaje puede llegar a los 21 pesos.

Intereses por encima de las personas

Además de unidades de transporte insuficientes y en malas condiciones, las ciudades enfrentan otro reto que es que no cuentan con leyes efectivas que garanticen el derecho humano a la movilidad

Llevamos décadas discutiendo sobre la falta de concordancia entre calidad del servicio de transporte público y las tarifas, una decisión inacabada porque no se ha puesto a las personas en el centro.

Octavio Flores Hidalgo, académico de la UPAEP, dijo que "el transporte público está muy lejos de ofrecer en su totalidad una posibilidad de ser un derecho de calidad, de respeto y humano para nuestra población".

"Ver la movilidad como un derecho humano es verla a partir de la forma en la que está construida la ciudad y saber que no sólo es hablar de cuántas rutas tenemos que tener, sino hasta dónde tienen que llegar estar rutas", dijo por su parte Césia Escobar, politóloga y analista de políticas públicas.

De acuerdo con la evaluación de leyes estatales de movilidad, elaborado por la consultora especializada Céntrico, a julio de 2025 sólo 21 entidades reportan avances en la armonización de sus leyes para garantizar el derecho a la movilidad y armonizar su marco jurídico con la ley general de movilidad y seguridad vial, plazo que se venció hace dos años.

El diagnóstico indica que las entidades con las peores leyes en la materia son Morelos, Chiapas, Zacatecas, Veracruz y Baja California.

Este estudio analiza si la legislación en la materia incluye disposiciones para garantizar confort, asequibilidad, seguridad, accesibilidad y espacios reservados dentro del servicio público y concesionado de transporte; áreas que son las menos detalladas en las diversas reglas estatales, lo que a decir de especialistas, empeora por la competencia entre el servicio que presta el estado y aquel que concesiona a particulares.

"Conciliar con eso es un juego de intereses y luego además si se meten otro tipo de corporativos a generar una mayor división entre las negociaciones estado-particulares, se vuelve más complicado", dice Octavio Flores de la UPAEP.

Y a quien menos consideran, es a las personas usuarias, según Césia Escobar.

"No hay nadie mejor para hablar del transporte público que las personas que lo viven todos los días y que no sólo lo viven en términos de cuánto me hago, en términos de tiempo, lo viven en términos de condiciones y en términos económicos".

Ante ello, especialistas en movilidad recomiendan acciones mínimas para establecer políticas públicas que garanticen un servicio d calidad, seguro y adecuado a las necesidades de la población.