Abusos de autoridades en Nejapa de Madero afectan derechos
A casi un mes de la detención de los pobladores Reynaldo y Didier Sánchez López, y Edgar Didier Sánchez Herrera, habitantes de la colonia San Martín de Porres en Nejapa de Madero, sus familiares y vecinos siguen denunciando abusos por parte de las autoridades municipales y piden nuevamente la intervención del gobierno estatal para poner fin a la violencia y violación de sus derechos.
Los afectados manifiestan que la situación de represión sigue afectando a la comunidad zapoteca, cuya paz social se ve alterada por las acciones de la autoridad municipal, que insiste en exigir el registro de los ciudadanos en un padrón de la cabecera municipal. Aseguran que esta imposición viola sus derechos, ya que, por más de 40 años, han sido una comunidad organizada con sus propios servicios y documentos que los acreditan como una representación independiente desde 1982.
Los habitantes de la colonia San Martín de Porres, quienes aseguran haber vivido un estado constante de represión, describen cómo las autoridades municipales han recurrido a la violencia para llevar a cabo arrestos, sacándolos de sus hogares y terrenos donde trabajan. Además, señalan que desde hace 20 días, la persecución aumentó cuando intentaron forzarlos a registrarse en el padrón, lo que generó un clima de tensión y conflicto en la comunidad.
Las denuncias también incluyen el cierre de todas las calles de acceso a la colonia, junto con amenazas de desalojo. Los afectados responsabilizan directamente al presidente municipal, Servando Altamirano Díaz, y al síndico municipal, José Ángel Jarquin Espinoza, de estos actos de represión. A pesar de haber sido convocados a una mesa de diálogo por la Secretaría de Gobierno (SEGO), los representantes municipales no se presentaron, lo que aumenta la desconfianza de los pobladores.
Los vecinos piden la intervención urgente de las autoridades estatales para frenar los abusos y garantizar la seguridad de los habitantes de San Martín de Porres, responsabilizando a los funcionarios municipales de cualquier situación que pudiera poner en peligro a la comunidad.
