Ciudadanos entregan 700 mil firmas para la revocación de Jara

En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos aprobados por el Congreso de Oaxaca que imponían requisitos excesivos para activar la revocación de mandato. Entre las disposiciones anuladas estaba la exigencia de reunir el 10% de la lista nominal en cada municipio, criterio que la Corte consideró desproporcionado al determinar que basta alcanzar ese porcentaje a nivel estatal. También invalidó la reducción del periodo permitido para solicitar el mecanismo; con lo que la figura quedó plenamente habilitada.

Tras esta decisión, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó que recibió 3 mil 188 solicitudes ciudadanas para promover la revocación; de las cuales 3 mil 19 fueron procedentes, lo que habilitó a ese grupo (1 650 mujeres y 1 369 hombres) para recabar firmas del 1 al 30 de noviembre. El avance fue inmediato el 1 de diciembre de 2025, cuando una plataforma ciudadana entregó cerca de 700 mil firmas al IEEPCO, solicitando que se convoque a la consulta de revocación del mandato del Salomón Jara Cruz.

Desde noviembre, el IEEPCO y el Instituto Nacional Electoral firmaron ya un convenio para organizar la logística del proceso, con la votación prevista el 25 de enero de 2026. El anteproyecto presupuestal del IEEPCO estimaba un costo de 186 millones 208 mil 939 pesos, aunque el gobierno estatal solo planea asignar 99 millones, una reducción del 27.4%. Además, para instalar los 25 Consejos Distritales que supervisarán la consulta se requieren al menos 250 personas designadas antes del 15 de diciembre.

La revocación de mandato ha dejado de ser una posibilidad remota y hoy avanza con documentos, firmas y respaldo institucional. Un alto nivel de movilización transformaría la consulta en un acto legítimo de rendición de cuentas; de lo contrario, podría quedar como un experimento simbólico con escasa representatividad. Para que sea vinculante, se estima necesario alcanzar alrededor del 40% del padrón; si ese umbral se cumple y la mayoría vota por la revocación, el tribunal electoral emitiría la declaratoria y el Congreso designaría a un gobernador interino.