Corrupción Cero: nuevo documento interactivo para denunciar y prevenir abusos

Durante la LXXV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), realizada en Mérida, Yucatán, se presentaron dos instrumentos diseñados para fortalecer la transparencia y la vigilancia pública: la plataforma Data Buen Gobierno y el dosier interactivo Corrupción Cero: el rol del buen gobierno y la ciudadanía

La primera herramienta, Data Buen Gobierno, busca facilitar el acceso ciudadano a la información gubernamental. Reúne más de 50 bases de datos provenientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda, el INEGI y la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Toda la información está disponible en formatos abiertos y descargables, lo que permite a periodistas, investigadores, estudiantes o cualquier persona analizar el desempeño gubernamental sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Según explicó el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, la intención es transformar los datos oficiales en conocimiento útil para la sociedad. "Se trata de convertir la información pública en herramientas de participación y vigilancia ciudadana", señaló durante su intervención

Corrupción Cero: educación y denuncia

La segunda iniciativa, Corrupción Cero, utiliza recursos interactivos, testimonios y materiales didácticos para acercar la educación anticorrupción a un público más amplio.

A través de este dosier, los usuarios pueden identificar prácticas indebidas, conocer mecanismos de denuncia y explorar historias reales sobre cómo la corrupción afecta la vida cotidiana.

En el mismo encuentro se anunció el Rally Corrupción Cero, una actividad iniciada en el Tecnológico Nacional de México que busca involucrar a jóvenes estudiantes en dinámicas para promover valores de integridad y responsabilidad pública. Este programa se replicará en otras instituciones educativas del país.

Con estas herramientas se pretende que la lucha contra la corrupción no sea solo institucional, sino también social, al involucrar directamente a la ciudadanía en la vigilancia del uso de los recursos públicos