Desaparece el OGAIPO: ¿y ahora quién protege los datos personales?

El gobernador Salomón Jara Cruz presentó el 23 de julio de 2025 una iniciativa para extinguir el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO), creado en 2021 como un ente autónomo y colegiado encargado de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública en la entidad.

En su iniciativa, el mandatario asegura que los funcionarios del OGAIPO mantenían un manejo hermético de la información que generaban y que prueba de ello es que de un total de 67 mil 943 solicitudes de acceso a la información durante el sexenio 2016-2022 sólo se contestaron 34 mil 215 y se iniciaron un total de 4 mil 611 recursos de revisión, de los cuales los sujetos obligados ejecutaron 2 mil 876 resoluciones.

Desde el 20 de marzo de 2025, comenzó un plazo improrrogable de 90 días naturales para armonizar la Constitución local con las leyes federales de Transparencia y Protección de Datos, redactar la nueva Ley Local de Transparencia y disolver formalmente al OGAIPO, cuyo vencimiento operó el 17 de junio de 2025.

La iniciativa pretende "simplificar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales" eliminando organismos, unidades y estructuras con funciones duplicadas, y concentrando esas tareas en dependencias de la administración centralizada. No obstante, el texto no detalla qué entidad asumirá esas competencias para el Poder Ejecutivo ni para los 570 municipios oaxaqueños.

Bajo la propuesta, el gobernador argumenta que así se suprimirán trámites burocráticos dilatorios y se obtendrán ahorros presupuestales, pero su desaparición dejaría un vacío institucional, el ente verificaba anualmente el cumplimiento de transparencia, resolvía más de 4 mil 600 recursos de revisión y aplicaba sanciones económicas, funciones que difícilmente asumirían municipios con recursos limitados. Mientras la nueva autoridad, prevista para enero de 2026, no entre en funciones, los comisionados actuales continuarán en el cargo, manteniendo un escenario de incertidumbre sobre la protección de estos derechos.