En Oaxaca, el Registro Público de Deudores Alimentarios mantiene, a junio de 2025, la cifra de 345 personas inscritas, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto, tras la aprobación en 2023 de la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, oficializando que incluir a personas en estas listas, es constitucional y no viola sus derechos. No obstante, colectivos como EDUCA estiman que en la entidad existen alrededor de 1500 deudores morosos, pues solo quienes enfrentan sentencia firme y no regularizan sus pagos aparecen en la lista oficial.
Oaxaca es la segunda entidad en hacer público esta lista de personas seguido de Sinaloa, son apenas 17 los estados que han aprobado registros estatales de deudores alimentarios, esta falta de implementación se debe a que en varios estados no hay información o existe resistencia institucional. Este registro evitará que los deudores puedan salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles y ocupar cargos populares en el país.
Durante 2023 las carpetas de investigación por incumplimiento de pensiones alimenticias en Oaxaca crecieron de 133 a 203, un alza del 52.6% que situó al estado como el de mayor incremento entre las 27 entidades con tendencias al alza, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este repunte no se traduce en mayor justicia, la impunidad prevalece cuando menos del 10% de los casos concluye con sentencias efectivas, las resoluciones tardan varios meses e incluso años, y muchas madres desisten ante los costos y la sobrecarga de los juzgados familiares. Sin embargo, una reciente reforma busca cambiar esta realidad: el plazo para que un deudor alimentario pierda la patria potestad se reducirá de 90 a 60 días en caso de incumplimiento, además de otra propuesta de reformar el Código Familiar para evitar que juezas y jueces fijen pensiones basadas en salarios mínimos en favor de mujeres dedicadas al hogar o al trabajo informal, aplicando criterios de proporcionalidad y perspectiva de género.
De acuerdo con la impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vásquez, a nivel nacional hay más de 11 millones de deudores alimentarios, quienes son desde políticos, profesores, jueces o hasta funcionarios públicos.