¿Guelaguetza sin artesanas?, fuera de la fiesta, dentro de la lucha

A pocos días del inicio de la Guelaguetza, el 17 de julio de 2025 artesanas de las distintas regiones pertenecientes a la Asociación de Comunidades Indígenas y Artesanos de Oaxaca anunciaron su retiro de la tradicional ExpoVenta, en rechazo a la violencia institucional ejercida por los gobiernos municipal y estatal. La decisión surgió tras agresiones recientes en Oaxaca de Juárez y ante el incremento desproporcionado en las tarifas para colocar puestos: de entre 300 y 600 pesos en años anteriores, este año se les exigió entre 6 mil y 7 mil pesos, un alza superior al 1000%.

Esta situación, denunciaron, refleja un intento de excluirlos del evento, pues también fueron removidos del andador turístico donde tradicionalmente ofertaban sus productos. En conferencia encabezada por Claudia Vásquez Aquino y Miriam Ruiz, representantes del grupo conformado por 168 personas, acusaron que el gobierno ha privilegiado a comerciantes ambulantes que venden productos importados, desplazando así a quienes preservan técnicas artesanales tradicionales.

De los 84 espacios solicitados por los artesanos para vender en la Guelaguetza, sólo se les asignaron 40, es decir, apenas un 47.6%. El resto fue otorgado a vendedores informales que ya ocupan las principales calles del centro y el mercado. Esta exclusión, afirmaron, no sólo afecta su economía, sino que pone en riesgo la conservación de su cultura y saberes en el marco de un evento que presume celebrar la identidad oaxaqueña.

En enero de este año, el Gobierno federal presentó el Programa Integral de Apoyo a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA), operado por la Financiera para el Bienestar (FINABIEN), la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con un presupuesto inicial de 500 millones de pesos para 12 mil apoyos individuales y mil colectivos, pero hasta finales de junio de 2025 no se ha publicado ningún listado de beneficiarias o montos entregados a artesanas oaxaqueñas, lo que impide verificar si los recursos realmente han llegado a las comunidades.

El contexto se agrava con el aumento de la gentrificación y el desplazamiento forzado en Oaxaca. En 2024, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca registró 156 quejas relacionadas, de las cuales 142 provinieron de comunidades indígenas. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, más de 7.3 millones de personas en México se identifican como indígenas, y el 51.4% son mujeres, grupo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, sigue siendo uno de los más discriminados del país.