La huella minera: contaminación y pobreza en comunidades oaxaqueñas

Según informaciones del gobierno mexicano, en Oaxaca operan hoy 42 proyectos mineros bajo 261 concesiones, la mayoría en manos de empresas extranjeras, destacando las tres minas activas en los Valles Centrales; Arista y Alta Gracia de Gold Resource Corp. en el municipio de San Pedro Totolapam y la mina San José, en San José del Progreso, por Minera Cuzcatlán, propiedad de la peruana JRC Ingeniería, que han facturado 3 mil 400 millones de dólares desde 2010.

Sin embargo, las comunidades aledañas no reciben prácticamente nada de esos recursos y siguen sumidas en la pobreza, mientras en San José del Progreso la minera aprovechó la debilidad de las autoridades municipales y agrarias para extenderse en tierras ejidales, fracturando el tejido social.

Frente a este panorama, cerca de 29 comunidades de los Valles Centrales suscribieron la "Declaratoria de Oaxaca Territorio Prohibido para la Minería", registrándola en asambleas comunales para prohibir prospecciones, exploraciones y explotaciones en sus ejidos. En materia legal, 11 de esas comunidades obtuvieron en abril de 2024 la suspensión total de concesiones otorgadas a Minera Cuzcatlán, con lo que el Juzgado Primero de Distrito ordenó el cese de actividades y la preservación del estado físico de sus territorios.

Las afectaciones documentadas incluyen deforestación de más de 200 hectáreas y hundimientos que han agrietado viviendas en San José del Progreso y Magdalena Teitipac, asi como filtraciones de cianuro y metales pesados que han contaminado ríos y 13 manantiales en la Sierra Norte.

A mitad de 2025, Oaxaca vive un pulso entre la voracidad empresarial y la defensa comunitaria, donde cada dictamen judicial y cada protesta determinan el futuro de sus territorios y su gente.