El problema de las desapariciones en México sigue creciendo y genera cada vez más preocupación dentro y fuera del país.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México superó ya las 130 mil personas desaparecidas, una cifra que muestra la magnitud de una crisis que, lejos de resolverse, se ha agravado en los últimos años.
Solo en lo que va de 2025, han desaparecido en promedio 40 personas al día. Además, el 51% de los casos (más de 67 mil víctimas) han ocurrido en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo que marca un aumento sin precedentes en comparación con gobiernos anteriores.
El sexenio de López Obrador cerró con 55 mil 541 desapariciones, cifra récord en los últimos 25 años. A ello se suman las 11 mil 701 desapariciones registradas desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024. Durante el sexenio de Vicente Fox se reportaron apenas 935 casos, con Felipe Calderón fueron 16 mil 991 y con Enrique Peña Nieto, 32 mil 788.
Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en el país, con 15 mil 489 casos hasta el 25 de julio de 2025. Le siguen el Estado de México (14 mil 339), Tamaulipas (13 mil 514), Michoacán (7 mil 12), Veracruz (6 mil 988) y Sinaloa (6 mil 607). Durante la administración de López Obrador, el 49% de los casos se concentraron en seis entidades, entre ellas la Ciudad de México y Nuevo León.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas tras el hallazgo de un campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, por parte del colectivo Guerreros Buscadores. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Este artículo permite llevar el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se identifican indicios bien fundados de desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas en un país. La medida ha generado una fuerte reacción política dentro de México, especialmente del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien la calificó como una exageración.
Por su parte, el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó el señalamiento de la ONU. El 24 de junio, ambas dependencias aseguraron que no existen desapariciones forzadas sistemáticas ni generalizadas en México, aunque especialistas y colectivos siguen exigiendo verdad, justicia y mecanismos efectivos de búsqueda.