"Operativo Sable" refuerza seguridad en zona del Corredor Interoceánico ¿realidad o promesa?

Desde el arranque de la "Operación Sable" en febrero, en el Istmo de Tehuantepec se han concretado más 65 detenciones de "objetivos prioritarios" vinculados con células de la delincuencia organizada y generadores de violencia cierre de junio, informó el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, de las cuales al menos ocho han sido formalmente vinculadas a proceso y recluidas bajo prisión preventiva.

El impacto más notable de la estrategia ha sido la reducción de homicidios dolosos: de un promedio mensual de 38 casos antes del despliegue, la cifra cayó a 16 en junio, una disminución del 50% que convierte a ese mes en el segundo con menor incidencia de los últimos tres años. Paralelamente, los delitos de alto impacto como extorsión y robos violentos mostraron tendencias a la baja; según datos de la Fiscalía y la Agencia Estatal de Investigaciones, las denuncias por extorsión en Juchitán pasaron de 45 en marzo a 30 en junio, en Salina Cruz de 20 a 12 y en Matías Romero de 18 a 10 durante el mismo periodo.

Para lograr estos resultados sin un solo disparo, las fuerzas policiales federales reforzaron puntos de control en carreteras y en el perímetro urbano de Juchitán, tomaron temporalmente el mando de la policía municipal y del C2 local tras descubrirse complicidad con grupos delictivos, y se prevé extender el operativo a localidades como Salina Cruz y Matías Romero.

Sin embargo, a pesar de los éxitos que las autoridades atribuyen a la Operación Sable, la violencia no ha retrocedido, sino que se ha extendido más allá de los focos tradicionales en Juchitán, Salina Cruz y Matías Romero hasta alcanzar pequeñas comunidades como El Espinal, donde una familia fue desplazada tras un ataque armado; de hecho, tras el anuncio del Corredor Interoceánico y la millonaria inversión que Andrés Manuel López Obrador prometió desde su campaña de 2018, delitos como el cobro de piso, las amenazas, las balaceras, el despojo, y el daño a la propiedad aumentaron notablemente en los 79 municipios de influencia del megaproyecto en Oaxaca y Veracruz, un patrón que el propio gobierno reconoció ya en 2021 como resultado del interés creciente del crimen organizado en la región.