Proponen liberar vehículos sin costo a víctimas en oaxaca

El diputado local del PRI, Javier Casique Zárate, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca con el fin de evitar que personas afectadas por robo de vehículos, aseguramientos indebidos o accidentes de tránsito sigan pagando los costos de arrastre, salvamento y depósito en corralones. Señaló que la propuesta responde a casos reales de familias, trabajadores y estudiantes que enfrentan gastos que se vuelven una segunda afectación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis. Plantea modificar la Fracción VIII del Artículo 61 de la ley para garantizar la devolución inmediata y gratuita de las unidades recuperadas, particularmente cuando el robo se haya denunciado dentro de las primeras 72 horas, exista un aseguramiento irregular o se trate de vehículos involucrados en accidentes con víctimas fallecidas que ya no sean requeridos como evidencia.

Casique Zárate explicó que, aun cuando los vehículos son recuperados, las víctimas deben pagar sumas que pueden superar los 15 o 20 mil pesos si las unidades permanecen semanas o meses en depósitos. Sostuvo que esto constituye una revictimización y contradice el principio de reparación integral. Incluso, familias que han perdido a un ser querido enfrentan este tipo de cobros para liberar unidades que no volverán a utilizar.

El legislador apuntó que informes municipales detallan que los depósitos de San Agustín y Primavera concentran más de dos mil vehículos abandonados, muchos de ellos de personas sin recursos para cubrir los costos acumulados. Además, la Fiscalía General del Estado reportó más de tres mil robos de vehículos en 2023.

La propuesta no crea nuevos derechos, afirmó, sino que busca garantizar el cumplimiento efectivo de los ya existentes mediante criterios claros y verificables. Añadió que también ayudaría a descongestionar corralones, reducir riesgos ambientales por unidades abandonadas y aliviar la carga administrativa de los municipios, donde el rezago ha obligado a implementar programas de descuentos de hasta 90 por ciento.