Las recientes investigaciones por presuntas irregularidades inmobiliarias en Nayarit, que, por cierto, el gobierno del estado ha llamado "Red de corrupción notarial histórica" han generado tensión entre autoridades, notarios y litigantes, especialmente ante señalamientos sobre un posible uso discrecional del poder ministerial.
En respuesta a lo anterior, la Fiscalía General del estado informó a través de un comunicado que está obligada a indagar cualquier hecho que pudiera constituir delito, sin distinción de profesión o posición; asimismo, aseguró que sus acciones responden únicamente a denuncias ciudadanas y negó que exista persecución contra el gremio notarial. La institución insiste en que quienes actúan conforme a la ley no deberían temer ser investigados.

Actualización sobre caso de notarios y funcionarios detenidos
En este contexto, el notario Juan Antonio Echeagaray obtuvo libertad condicional tras su presentación ante un juez de control, quien determinó que deberá firmar cada 15 días mientras continúa su proceso. La detención del exsecretario de gobierno se derivó de denuncias por presunta falsificación de documentos y despojo de propiedades en Bahía de Banderas.

En los casos de Luis Carlos "N", Enrique "N" y José Guadalupe Froylán "N" fueron enviados a prisión preventiva justificada, acusados de delitos como certificación irregular de inmuebles, falsificación de documentos, fraude por simulación y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La audiencia que definió su situación se prolongó más de 13 horas y su vinculación a proceso se discutirá el 4 de diciembre.
¿Trato justo, imparcial y respetuoso?
Sin embargo, otro caso que ha generado preocupación entre la comunidad jurídica es la del abogado jalisciense Joel Marín García, quien continúa detenido sin que la autoridad haya informado públicamente cuáles son los delitos que se le imputan. En 2023, Marín había presentado amparos en favor de personas y empresas afectadas por presunta expropiación irregular en Bahía de Banderas.
El joven abogado fue detenido en Guadalajara y trasladado a Tepic, para ser ingresado al Centro de Readaptación Social (CERESO) "Venustiano Carranza" sin derecho a fianza. Su caso contrasta con el discurso de la Fiscalía General de Nayarit de que quien haya actuado dentro de la ley recibirá un trato justo, imparcial y respetuoso, al no quedar clara la acusación en contra de Joel Marín y negarle la oportunidad de seguir su proceso en libertad.
